En el Día Mundial de la Agricultura

Lamentablemente, empezamos un nuevo año agrícola con tremendas dificultades para el campo en su conjunto y con un Gobierno de España que mantiene su permanente ataque al sector, lo que lleva a Asaja a augurar un otoño caliente ante la insostenible situación que vive el sector agrario. Varios temas destacan y es que, en primer lugar, el Plan Estratégico de la PAC de España (PEPAC) fue aprobado por Bruselas el 31 de agosto.

Con el mismo, se consuma el 'atraco' al campo cordobés y andaluz que ha impulsado e impuesto el ministro de Agricultura, Luis Planas, sin diálogo sin estudios de impacto y contraviniendo todos los criterios técnicos y agronómicos. Su reforma de la PAC, que entrará ya en vigor esta campaña 2022-2023, hará perder millones de euros a los titulares de las explotaciones agrícolas, ganaderas, cinegéticas y forestales de Córdoba y Andalucía, lo que supondrá «un varapalo para la economía de todos los pueblos de Andalucía». Es una PAC que implica más obligaciones, más burocracia, menos producciones y con menos dinero. Las pérdidas en Andalucía, sólo por las ayudas de la PAC, serán de 500 millones de euros en los años de aplicación de la nueva Política Agraria Común.

Por otro lado, están los altos costes, la alta fiscalidad y las nuevas normas laborales que sufren los titulares de las explotaciones agrícolas, ganaderas, cinegéticas y forestales. Se han disparado para los agricultores y ganaderos a niveles nunca vistos. Piensos, semillas, abonos, plásticos, goteros de riego, gasóleo, herbicidas, energía eléctrica, costes laborales, etcétera. Los alimentos están encareciéndose a los consumidores mientras que los agricultores y ganaderos siguen sin cubrir los costes. Y las soluciones por parte del Gobierno son apretar más el cinturón: más impuestos y más costes laborales. El mundo al revés.

También, contamos con la sequía y sus terribles consecuencias en todas las producciones de los secanos, regadíos, dehesas y sierra, que esperemos que se solucione con lluvias en este otoño, pero que ya ha hecho mucho daño al campo. Ante ello, el Gobierno está demostrando una absoluta falta de sensibilidad. No ha aprobado medida alguna para paliar sus efectos, sino muy al contrario con solo una reunión técnica en el Ministerio de Agricultura sin resultado alguno a primeros de septiembre y sin que veamos al ministro Planas implicándose en la misma. Por su parte, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, la única solución que da es decir que no se harán trasvases ni se impulsarán nuevas obras hidráulicas, cuando vemos cómo van cientos de hectómetros cúbicos al mar, en vez de permitir bombeos directos a balsas de aguas de escorrentía invernales y eliminar las trabas a la construcción de balsas y microembalses, en muchos casos por la falta de coordinación entre la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y las consejerías competentes en agricultura y sostenibilidad.

Otro tema a destacar son los precios, que no cubren los costes en muchos casos, ya que la Ley de Cadena Alimentaria no cumple con las necesidades del campo español. Esta ley debería aportar rentabilidad al productor y acabar con los abusos, lo cual no acaba de ocurrir. Tras su entrada en vigor el pasado diciembre de 2021, ha tenido escasos efectos sobre el funcionamiento del mercado agroalimentario y los productores agrarios ven cómo los precios en origen siguen cayendo, mientras que al consumidor se le dispara la cesta de la compra.

Es necesario una adaptación de la misma a las necesidades reales de los agricultores y ganaderos. Por último, contamos con unas trasnochadas políticas medioambientalistas que ponen en peligro muchas producciones y favorecen que haya incendios en nuestros bosques. No puede olvidarse, y se olvida, que los titulares de las explotaciones agrícolas, ganaderas, cinegéticas y forestales somos los que estamos en el territorio, ocupando con nuestra actividad aproximadamente el 80% del territorio.

Deben siempre aplicarse criterios científicos serios y no criterios políticos y/o políticamente correctos en las decisiones que afectan al mundo rural, especialmente en las zonas protegidas. Preocupa mucho que, a pesar de ello, las administraciones con competencias en medio ambiente insisten en crear cada vez más figuras de protección, lo cual es un grave error, no sólo para el desarrollo económico, sino para la propia conservación del medio ambiente. No es razonable que el buen estado de conservación de algunos territorios, que se ha logrado a lo largo de los años gracias al buen hacer de agricultores, ganaderos, selvicultores y propietarios rurales en general, sea algo que les penalice.

Por todo esto, deseamos que rectifique el Gobierno y, aunque sea por una vez, cambie sus políticas de ataque al sector por políticas de apoyo al mismo. Esperemos que así sea.

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Ignacio Fernández de Mesa es presidente de Asaja en Córdoba