Kutxabank pierde un pleito de 454 millones por las cláusulas suelo de Cajasur en Córdoba

La sentencia, adelantada por El Correo, explica que el FROB no ocultó información durante el proceso de 'due diligence' (previo a la cesión del activo y pasivo) ni maquilló las cifras de forma que ahora le sea imputable una responsabilidad. La primera vez que se dictó sentencia sobre este asunto, el Estado fue condenado a pagarle a Kutxabank más de 250 millones de euros. Ese pronunciamiento del juzgado de primera instancia número 53 de Madrid ha sido anulado por las sentencias posteriores de la Audiencia Provincial de Madrid (2018) y la sala de lo Civil del Tribunal Supremo que entienden que no hay nada que indemnizar.

Como es conocido, Cajasur entró en una grave crisis que motivó la intervención del FROB, con el presidente Rodríguez Zapatero en la Moncloa. En 2010, BBK (hoy Kutkabank tras la fusión de las entidades vascas) presentó una oferta vinculante que vino precedida de una auditoría y el examen de los datos pertinentes. La oferta fue aceptada y Cajasur pasó a ser propiedad de BBK con un importante apoyo financiero público.

Casi al mismo tiempo, una entidad de defensa de los consumidores, Ausbanc, puso la primera demanda colectiva de clientes de la entidad cordobesa que tenía cláusulas suelo, que estaban diseñadas para proteger a los intereses del banco ante una bajada muy pronunciada de los tipos de interés. A partir de entonces, empiezan a llegar los pronunciamientos de los tribunales que entienden que este tipo de normas contractuales se realizaron con una desproporción evidente entre la posición del banco y la del cliente. Ocurrió en buena parte del sistema financiero español y los clientes fueron en masa a reclamar el dinero que habían pagado de más hasta el punto de que se crearon juzgados específicos para atender ese aluvión de demandas.

Los 454 millones de euros es lo que el grupo Kutxabank asegura que le costaron las cláusulas suelo de Cajasur como consecuencia de un peritaje que se elaboró expresamente para esta demanda. La corporación financiera decidió reclamarle la cantidad en los tribunales al FROB, al Estado, para que le compensara por los gastos en los que había incurrido. La propiedad de Cajasur entendía que el Estado no había establecido de forma clara cuáles eran los riesgos inherentes a estos contratos hipotecarios que se efectuaron con carácter previo a su control del banco.

La sentencia explica que Kutxabank no ha pedido la nulidad del contrato de cesión de activos y pasivos con el que se quedó con Cajasur sino una compensación por lo que entiende que es una responsabilidad contractual. El Supremo explica que ello no es posible porque, cuando BBK se quedó con la entidad financiera cordobesa, pactó una claúsula en el que «el cesionario reconoce y acepta que la adquisición del negocio se realiza sin que el cedente asuma responsabilidad por evicción o vicios ocultos». Una vez firmada la escritura, no era posible reclamar nada sobre el contrato.

En segunda instancia, se considera que BBK, que era un actor reconocido en el mundo financiero, sabía de sobra cómo eran los contratos hipotecarios de los clientes de Cajasur y qué cláusulas les vinculaban. El Supremo entiende, por tanto, que lo que ha sucedido es que, con posterioridad a la firma de la cesión de activos y pasivos, se produjeron pronunciamientos judiciales que alteraron el estado de las cosas y que generaron la anulación de esas cláusulas.