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La Junta recorta los poderes de la Comisión de Patrimonio de Córdoba en su decreto para reducir papeleo

Calcula que perderá siete de cada diez asuntos que ahora mismo tienen que llevar el visto bueno de la Consejería de Cultura

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Rafael Ruiz

Córdoba

07/02/2024 a las 06:27h.

El Gobierno andaluz del PP acaba de autorizar un decreto que reducirña los poderes de una de los foros públicos de toma de decisiones urbanísticas en la provincia de Córdoba: la Comisión Provincial de Patrimonio. No es que esta comisión sea especial. Es ... que Córdoba tiene unas condiciones específicas que la hacen destacable. En concreto, una carga histórica fuera de lo común, una experiencia en gestión arqueológica por encima de lo que se ve en el resto de España y una larga trayectoria de interpretación de las normas urbanísticas a la luz de las políticas patrimoniales. En una capital como Córdoba, por ejemplo, donde todo el Casco Histórico es un Bien de Interés Cultural el impacto de cualquier modificación es relevante.

La Junta ha dado a conocer el trazo grueso de una nueva regulación (el texto definitivo aún tardará varios días en conocerse) que se aprueba por decreto y cuando estaba por conocerse el anteproyecto de la nueva Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, que precisamente pretendía fortalecer los poderes de la Consejería de Cultura sobre determinados ámbitos como los bienes y ciudades que son Patrimonio de la Humanidad.

El Gobierno andaluz asegura que las comisiones de patrimonio provinciales van a perder el setenta por ciento de los asuntos que ahora mismo están revisando. La de Córdoba estudió en 2023 unos 236 asuntos relacionados con 34 términos municipales que sumaron unos 182 millones de presupuesto. Y aquí es donde la Junta no ha explicado exactamente de dónde van a venir esas reducciones.

Teóricamente, comisiones de Patrimonio como la de Córdoba ya no tendrán que visar las obras para cambiar la obra de un cuarto de baño en un entorno BIC como el Casco. Pero es que la Comisión de Patrimonio lleva años sin estudiar este tipo de asuntos. La ley permite a los municipios con planificación específica sobre el Casco (el de Córdoba suma más de veinte años de experiencia) autorizar directamente todas esas licencias. Son asuntos que se ven exclusivamente en la Gerencia de Urbanismo. Solamente siguen recibiendo el visto bueno de la Comisión de Patrimonio permisos los que conciernen a los monumentos (no a sus entornos) o a edificios y espacios con alto grado de protección. La Junta no hace mención a que desaparezcan las competencias relacionadas con las unidades de ejecución del Casco: a la gestión urbanística.

Sevilla sí tiene un problema

La medida parece haber sido adoptada por la casuística concreta de la ciudad de Sevilla que sí tiene un problema serio con los permisos de obras de su Casco Histórico. En 2024, ha pedido oficialmente que se le ceda esa competencia. La Junta ha dicho que la espera para obras menores es de dos a tres años pero esas demoras no están ocurriendo en Córdoba a día de hoy imputables a la Consejería de Cultura. Al contrario, la gestión de la Delegación Provincial suele ser desde hace años bastante rápida salvo que exista una controversia seria, que es donde un proyecto puede encallar.

Los que sí pueden salir beneficiados con este cambio legislativo son los municipios de la provincia de Córdoba. Muchos de ellos no reúnen las condiciones establecidas por la ley de Patrimonio en vigor para llevar en solitario los asuntos de sus zonas históricas. Están sometidos a un sistema de doble licencia que, en la práctica, implica carga burocrática.

Las novedades implican también, por lo que se sabe del decreto, un incremento de las autorizaciones arqueológicas que se gestionan por medio de una declaración responsable. El Gobierno andaluz sostiene que van a verse beneficiados, sobre todo, los proyectos de plantas energéticas o de infraestructuras. La Junta no ha aclarado qué parte del proceso se vería afectado por este trámite aunque, en buena lógica, es la que tiene lugar antes de que se produzca una excavación. Los resultados son siempre revisados por los expertos de la Consejería de Cultura y los hallazgos materiales, controlados.

Uno de los asuntos que va a sufrir más cambios tiene que ver con las gestiones ambientales y energéticas. La Junta ha ampliado la potencia de las instalaciones solares que se tramitan sin pedir licencia (de cien a 500 kv). También dice haber simplificado las autorizaciones ambientales que ahora mismo formaban un asunto bien complicado. El Gobierno dice haber reducido uno de los informes menos útiles que se han de cumplimentar para un proyecto urbanístico: el de impacto para la salud. En Córdoba se han llegado a hacer informes de este tipo (que se pensaron para valorar el impacto de la industria o de las grandes urbanizaciones) para construir un campo de fútbol de barrio.