IU se querella contra el alcalde de Pozoblanco tras el archivo de la Fiscalía al caso del empleado que cobró sin trabajar

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Rafael Aguilar

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En una rueda de prensa, la abogada ha explicado que «la querella cuenta con 45 documentos que sustentan el relato de los hechos, los cuales exponen detalladamente cómo desde el Ayuntamiento se ha sostenido un entramado de contrataciones temporales fuera de la normativa y del reglamento de bolsa de empleo».

Meyer ha subrayado que «estas contrataciones, además de contar con el rechazo reiterado de la Secretaría General y de los informes de Intervención, evidencian un esquema planificado para tejer una red clientelar con el propósito de favorecer al PP en la localidad». «Estamos hablando de decisiones tomadas de manera deliberada y sostenidas en el tiempo, en las que se ha desoído cualquier advertencia técnica y se ha puesto el aparato administrativo al servicio de intereses partidistas«, ha señalado.

La letrada ha destacado tres aspectos «fundamentales» de la querella, como son «la contratación temporal de personal en contra de las advertencias de la Secretaría General; el incumplimiento de los procedimientos administrativos al realizar contrataciones al margen del reglamento de bolsa, lo que constituye un grave atentado contra los principios de transparencia y legalidad, y el caso particular de la contratación de Jesús Torres, hijo de la secretaria del alcalde, quien fue dado de alta en la Seguridad Social y cobró varias nóminas del Consistorio sin que existiera una contratación formal que lo amparase».

Así, ha enfatizado que «esta situación ilustra la gravedad de los hechos y la descarada violación de la normativa en beneficio de personas cercanas al alcalde y a su equipo». Según Meyer, «el propósito de la querella es que el juzgado investigue estos hechos y determine las responsabilidades penales que correspondan, dado el perjuicio al interés público y el impacto en la calidad democrática del municipio».

Para ello, ha solicitado al Juzgado que «se oficie al Ayuntamiento para aportar toda la documentación de contratación desde el año 2020 hasta la fecha, así como que se tomen declaraciones a los funcionarios y personal del Consistorio que puedan tener conocimiento de los hechos».

«Es fundamental que estos actos, que constituyen un abuso de poder y una desviación de los recursos públicos, no queden impunes», ha manifestado, para apostillar que buscan «proteger los derechos de la ciudadanía de Pozoblanco y garantizar que el Ayuntamiento recupere su papel de servicio público».

Por su parte, Pérez ha subrayado que «el PP no puede ignorar los graves hechos denunciados y debe tomar medidas inmediatas para depurar responsabilidades». «Este caso marca un antes y un después en la gestión de los ayuntamientos: no todo vale», ha manifestado, para remarcar que «existen principios y mecanismos democráticos que deben respetarse».

El coordinador provincial de IU también ha señalado «la responsabilidad del PP, tanto a nivel provincial como andaluz», y ha pedido que «asuman las consecuencias de estos hechos que afectan directamente a la ciudadanía de Pozoblanco». «Se trata de dinero público y de los principios democráticos que nos rigen como sociedad«, ha sostenido, para asegurar que esperan »medidas firmes para que situaciones como esta no se repitan».