Caso Infraestructuras | La auditoría externa que impulsó la segunda causa y que venía casi hecha

Esta pieza judicial tuvo como base lo que se presentó por el entonces edil de Infraestructuras, David Dorado (en aquel momento en Cs, que ya abandonó, y que acabó cesado como titular de esta Concejalía por las convulsiones en ella), como una auditoría externa de las contrataciones en Alumbrado Público centradas en el mandato 2015/2019, cuando IU dirigía Infraestructuras. En ella, se analizaron una treintena de proyectos, cuyos presupuestos se habrían inflado. A partir de ahí, el Ayuntamiento aportó más documentación y se dio la calificación en julio de la Fiscalía y su asunción por Instrucción número 2.

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Sin embargo, y según ha podido constatar ABC, la declaración del perito privado que hizo dicha auditoría que tuvo lugar en diciembre de 2021 ante el Ministerio Público -antes de que la Fiscalía apreciara indicios de delito- revela dudas más que razonables sobre la autoría de dicho análisis pericial. Según la declaración, a la que ha tenido acceso este periódico, en sus respuestas hasta en una media docena de veces aludió a que determinadas informaciones para elaborar el documento se las había dado Dorado -lo que cuestiona el carácter externo de esta indagación- y que algunas no las comprobó.

Y hubo respuestas de este tipo en cuestiones de calado. En el interrogatorio al ingeniero técnico industrial autor de este documento la Fiscalía le interrogó por el hecho de que en la auditoría señalara que, en las contrataciones analizadas en Alumbrado Público, el adjudicatario final era siempre el mismo adjudicatario o unos afines entre ellos. Su respuesta fue que esa información se la facilitó el entonces concejal de Infraestructuras y que él «no la verificó».

Una situación similar se dio cuando el Ministerio Fiscal preguntó a este perito sobre el hecho de que en uno de los puntos de su informe indicara que en estas contrataciones bajo sospecha hubo empresas que cotizan en Bolsa que fueron excluidas por falta de solvencia técnica. Dijo que esa afirmación se la transmitió quien encargó el informe, en alusión a Dorado, y que él no llegó a comprobar este extremo.

Estas alusiones a información o documentación facilitada por quien entonces era edil de Infraestructuras se sucedieron en su declaración. En otra ocasión, la Fiscalía se interesó por saber por qué en los ejemplos facilitados de posibles contrataciones irregulares se hacía una determinada división territorial. El perito respondió que más de medio centenar de páginas del documento principal -tiene 58 folios- se las dio Dorado y que él se dedicó a analizar y a introducirlo en el informe. Por ello, cuestiones como la división por distritos para los ejemplos le venía dada.

Sobre el hecho de que se apuntara que los proyectos que estaban bajo lupa los había hecho el jefe de Alumbrado Público, que después fue imputado, este profesional advirtió al Ministerio Público que dicha manifestación no había sido comprobada y que se la había facilitado el que entonces era edil de Infraestructuras.

Dorado (hoy edil no adscrito), en declaraciones a ABC, restó ayer importancia a estas cuestiones. «A ese técnico externo había que darle información. ¿Qué le íbamos a decir: que pidiera los papeles en el Registro? Le di todos los papeles y la información que pude. No deja de ser un informe externo. No lo hizo un funcionario, ni nada de eso», alegó. Añadió que «le pasé la información y también se la facilitó una persona que empezó a hacer el estudio antes que él pero no quería firmarlo porque trabaja en Córdoba». «Él me puso en contacto con otro perito. Evidentemente también le di toda la información que pude, para que tuviera, cuantos más datos, mejor, para emitir su informe», explicó.

Interrogado sobre el hecho de que el ingeniero técnico industrial que firmó el documento no verificara información que él le facilitó, aseguró que «no sé si es así o no; habría que preguntarle a él si es que ha sucedido eso». «A mí no me tiene que parecer ni bien ni mal, si ha pasado. El Juzgado puede hacer las comprobaciones si el perito no las ha hecho», indicó.

Al cuestionarle acerca de si le inquieta que estas lagunas de la auditoría puedan restar recorrido judicial o incluso suponer el carpetazo de este procedimiento, respondió con una pregunta. «¿A mí por qué me tiene que preocupar?», dijo, para luego responderse: «Cumplí con mi obligación de notificar unos hechos que conocí. Si el juez archiva, no me preocupa».

Apuntó que fue a la Fiscalía en julio de 2021, además de con la auditoría, con las quejas «de siete empresas que acudieron a mí» para denunciar presuntas irregularidades: «Se le requirió documentación adicional al Ayuntamiento y la Fiscalía llegó a unas conclusiones [a partir de las que se abrió el proceso judicial]. No sólo fue la auditoría».

El último sobresalto que ha vivido el Ayuntamiento con la Concejalía de Infraestructuras llegó este mismo mes. El Consistorio comunicó que, siguiendo instrucciones del propio regidor, la Asesoría Jurídica municipal investigará 200 facturas del presente ejercicio de una cuantía de entre 500 y 3.000 euros o menor en la Unidad de Mantenimiento de Edificios Públicos y Colegios de la citada Delegación por ser sospechosas de fraude. Dichas facturas no se han abonado aún.