Caso Infraestructuras | El alcalde de Córdoba destaca que los controles municipales detectaron las facturas irregulares

Porque el gobierno local ha detectado que algunas son de servicios no prestados. Además, Capitulares enviará documentación de estos contratos bajo lupa a la Policía Nacional, porque algunos de ellos, tal y como explicó el edil de Infraestructuras, Antonio Álvarez (Cs), «fueron encargados a empresas que están investigadas». No se puede olvidar que este nuevo episodio polémico se une a que haya dos procesos judiciales en marcha por contrataciones de Infraestructuras.

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R. Aguilar

El caso arrancó en 2021 con la denuncia de IU y Podemos y siguió con una auditoría externa

El primer edil ha destacado este martes que en esta ocasión no ha llegado «desde fuera» del Ayuntamiento el hallazgo de «posibles irregularidades», en alusión a las causas judiciales abiertas sobre Infraestructuras. «Las hemos detectado nosotros», ha asegurado.

Y ha recordado que, tras el estallido del caso Infraestructuras en la primavera de 2021, el Consistorio se dotó de «más personal técnico» para la supervisión de los contratos y «más controles» sobre éstos. Desde abril de 2022, se tratan las vinculaciones menores, de entre 500 y 3.000 euros, con las mismas garantías que los mayores, aunque legalmente no es necesario -tendrían que contar con tres presupuestos y con un informe de necesidad y de justificación de la actividad-. El problema es que en este último episodio se han topado con «demasiadas facturas por un valor inferior a 500 euros», explicó el lunes el concejal de Infraestructuras.

No obstante, tras defender la actuación del cogobierno (PP y Cs) y su «transparencia», el alcalde ha reconocido que este nuevo episodio convulso en esta Concejalía es algo «triste», si bien ha destacado que las facturas bajo sospecha «no se han pagado».

Ha añadido que «me sorprende que haya personas que tienen esta presunta forma de actuar». Era una alusión a un dato importante en torno a lo sucedido. Recientemente se produjo un cambio en la jefatura de la Unidad de Mantenimiento de Edificios Públicos y Colegios, hasta entonces ostentada por una persona que está imputada por una de las causas del 'caso Infraestructuras'. Con esa plaza vacante, el gobierno local encomendó la supervisión de esa parcela a un subdirector general de su confianza, que fue quien ha dado la voz de alarma sobre la cantidad creciente e inusual de contratos por debajo de 500 euros y que, por lo tanto, escapaban al corsé que el Ayuntamiento había puesto para reducir la posibilidad de concesiones arbitrarias.

Bellido ha indicado que, pese a la mejora de los controles, «no somos infalibles». «No puedo descartar que alguien haya colado algo más indebidamente», ha asegurado.

La situación de estas 200 facturas despertó también las críticas en la oposición. El portavoz del grupo municipal socialista, José Antonio Romero, ha señalado este martes que «no dejan de salir cuestiones graves en Infraestructuras». «No creo que estemos ante un tercer caso, sino que hay sólo uno, que está en la falta de supervisión y gestión en esta Concejalía», ha advertido, pese a que una de las investigaciones judiciales se centra en el anterior mandato, en el que IU dirigía este Departamento municipal y formaba parte de un cogobierno que lideraba el PSOE.

«Me preocupa que no sean capaces de acabar con estas presuntas irregularidades en el área de Infarestructuras», ha añadido Romero, para, al final, denunciar que la «crisis total» en esta Concejalía que provoca que «el mantenimiento de la ciudad, los jardines o el acerado, esté totalmente abandonado en todos los barrios».

Por su parte, la portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Paula Badanelli, ha indicado en un comunicado que "seguimos descubriendo que en el Ayuntamiento se continúa jugando con el dinero; que se mantienen los contratos irregulares». "Tendrá que explicar el gobierno municpal y el alcalde por qué no han puesto las medidas necesarias para que esto no siga pasando. Aquí, se ha robado dinero a espuertas en base a los datos que barajamos», ha alertado.

Esta nueva sombra de duda sobre Infraestructuras se suma, como se ha indicado, a que haya dos causas judiciales abiertas por contrataciones de dicha Concejalía. La primera tuvo su origen en abril de 2021 por una denuncia de IU y Podemos ante la Fiscalía por presuntas irregularidades en dicha Concejalía en contratos de 2020 —Cs la asumió en junio de 2019 con la figura del edil David Dorado, al que las convulsiones en este Departamento acabaron costando el puesto y éste abandonó el grupo naranja este verano y se ha convertido en edil no adscrito—. Los imputados son un Jefe de Unidad y la que fue coordinadora general de esa Delegación, a la que había nombrado el propio Dorado, cuando se formalizaron los contratos -el caso supuso su destitución-.

En cuanto al segundo proceso judicial abierto, arrancó en julio de 202, cuando Dorado -entonces, aún era concejal de Infraestructuras- acudió a la Fiscalía, tras las quejas de empresarios y tras haber encargado una auditoría externa, a denunciar irregularidades en contratos de esta Concejalía, centrados fundamentalmente en el mandato 2015-2019 (cuando IU dirigía esta Delegación). El Ministerio Público vio indicios de delito. Otro funcionario de Infraestructuras fue imputado por este caso.