El Gobierno deja otro año parada la urbanización del suelo de la antigua cárcel de Fátima para 236 viviendas

El procedimiento para retomar el expediente de las obras de urbanización de estos terrenos, paso previo indispensable para la posterior construcción de viviendas, lleva otra vez un año paralizado. En concreto, la ejecución de esta actuación se llegó a adjudicar a la empresa cordobesa Jicar en noviembre de 2023. Parecía que todo estaba listo para impulsar un proyecto que estaba en vía muerta en las dos últimas décadas.

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Hasta la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López (PSOE), anunció a principios de febrero de 2024 en una rueda de prensa que la ejecución de la urbanización comenzaría ese mismo mes. Sin embargo, la adjudicación tuvo que ser anulada como se conoció a mediados de ese mes de febrero del año pasado por una situación de desactualización de precios. Desde entonces, lleva un año, otro más, paralizada.

El Ministerio del Interior, tras la anulación de la adjudicación, tenía la intención de volver a licitar el expediente para las obras de urbanización de los suelos de la antigua prisión de Fátima en Córdoba. De hecho, incluso se trazó el objetivo de retomar la licitación en otoño del año pasado y tener la adjudicación lista para septiembre de 2025. Han sido las últimas promesas tras el varapalo de la anulación del anterior expediente.

La Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse), dependiente del Ministerio del Interior, ha sido históricamente el propietario de estos terrenos. El Gobierno, en septiembre del año pasado, reconoció que el proyecto, tras su anulación, estaba «pendiente de actualización de precios». Además, se comprometía con un cronograma que rezaba que «en el plazo de doce meses está prevista la licitación», la adjudicación posterior e incluso «la ejecución de las obras de urbanización». El objetivo marcado y divulgado era tener la urbanización lista en septiembre de 2025. Un plazo de muy difícil cumplimiento puesto que han pasado ya cuatro meses de esta respuesta y no se ha reactivado ni siquiera la licitación. Quedan ocho por delante para pisar el acelerador.

Este proyecto es clave para poner vivienda asequible en carga en Córdoba. Además, es uno de los escasos proyectos de pisos 'baratos' que puede sacar adelante ahora mismo el Gobierno de España en la ciudad en terrenos de su titularidad. El anuncio de los dos millones de metros cuadrados para construir vivienda social que ha prometido Pedro Sánchez en toda España para los próximos años contrasta en Córdoba con la parálisis de este proyecto fundamental para dotar de vivienda a precios accesibles a la ciudad.

Los suelos liberados con la demolición de la antigua prisión de Córdoba en Fátima (actualmente el centro penitenciario en Alcolea) tienen una enorme superficie de más de 26.000 metros cuadrados. Allí hay previstos cinco grandes edificios de viviendas, dos equipamientos públicos, zonas ajardinadas y viales. Precisamente, de las cinco parcelas dos serán para el Ayuntamiento y tres para el Estado. El Consistorio promoverá VPO. Interior ya avanzó a ABC que su intención era realizar «una subasta pública» de sus tres parcelas para pisos de renta libre.

Hay 236 viviendas previstas en los cinco edificios. De ellas, 72 serán vivienda protegida y 164 de renta libre, según el proyecto que espera la actualización de precios para su urbanización. También se construirán 159 plazas de aparcamiento en superficie y 262 en los sótanos de las viviendas. Igualmente, están previstos dos equipamientos públicos, ambos municipales. Uno, ya está ejecutado: el centro cívico.

La falta de uso del solar de la antigua prisión de Córdoba es un problema que se ha eternizado. Lleva 25 años sin darle utilidad, ya que en el 2000 fue cuando los últimos presos del recinto fueron trasladados al actual centro penitenciario de Alcolea. Pasaron dos años hasta que el Ayuntamiento de la ciudad y el Gobierno central firmaron un convenio en 2002 para darle utilidad a los terrenos. La demolición de la antigua cárcel se produjo en el año 2005, aunque una parte (el edificio de acceso de lo que fue la antigua cárcel) se conservó para el Centro Cívico municipal.

Hubo un primer intento por urbanizar este espacio en 2008. La explosión de la burbuja inmobiliaria paralizó los avances. Estuvo en el cajón una década. En 2018, el Ayuntamiento de Córdoba innovó el PGOU para atender la petición de Interior para promover vivienda libre y pública en el solar. La aprobación provisional del plan de urbanización se hizo en marzo de 2021.

La Gerencia de Urbanismo dio el visto bueno definitivo al proyecto en octubre de 2022. Entonces, permitió el aumento de la edificabilidad para que a Interior le cuadrasen las cuentas.

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Tras ello, el Siepse abrió la licitación de las obras de urbanización. Sólo se presentó Jicar. Se la adjudicó en noviembre de 2023, pero en el segundo mes de 2024 se anuló por desactualización de los precios. Desde entonces, lleva otro año más en el limbo. Sin cronograma para retomarlo.

ABC Córdoba se puso en contacto con el Ministerio del Interior, con el Siepse, con Instituciones Penitenciarias y con la Subdelegación del Gobierno, pero todos declinaron ayer dar cualquier respuesta sobre la situación actual del proceso para impulsar la licitación y adjudicación de las obras de urbanización de los terrenos de la antigua cárcel de Fátima, a pesar de que acumulan otro año de parálisis en su tramitación y más de dos décadas de suelos baldíos a la espera de las viviendas sociales prometidas.