Interior licitará la urbanización de los suelos de la cárcel de Fátima por 2,3 millones y venderá sus solares en subasta pública

Interior también detalló también a este periódico que la intención es que el Siepse saque a concurso la urbanización de la bolsa de casi 26.000 metros cuadrados que componen los suelos de la antigua prisión de Córdoba en el menor tiempo posible, en concreto, «en las próximas semanas».

La sociedad responsable de los bienes inmuebles que han liberado las antiguas sedes penitenciarias, policiales y de la Guardia Civil ahora sin uso también tiene claramente definido el objetivo de lo que hará con sus solares (hay una parte que será para el Ayuntamiento de Córdoba por el convenio que firmaron en 2002): será la venta de sus solares, tal y como ya adelantó este medio el pasado miércoles en su edición de papel y digital.

En este sentido, el Siepse «una vez que esté finalizada la obra de urbanización» iniciará, según confirmaron desde el Ministerio de Interior, «las gestiones para promover la venta de suelo». Además, comunicó que lo hará a través de «subasta pública».

La situación actual de los suelos de la antigua cárcel de Córdoba es de parálisis a la promoción de 236 viviendas, de las que 72 serán de protección oficial y otra 164 de renta libree, desde que la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba aprobará de forma definitiva el proyecto de urbanización de esos terrenos el pasado octubre de 2022.

Desde entonces han pasado siete meses sin que el Gobierno de España diese un paso al frente para promover en este espacio el impulso de las viviendas que el presidente Pedro Sánchez está prometiendo nivel nacional. Ahora, Interior da el primer paso para desbloquear el freno a la promoción de pisos en estos terrenos.

Los solares que componen el tablero de la cárcel de Fátima están divididos en cinco edificios y dos zonas de equipamientos. Los solares destinados a bloques de viviendas son tres para pisos de renta libre y dos para VPO. De los equipamientos públicos, el primero ya está ejecutado: el centro cívico. El segundo, que será para el Ayuntamiento, tendrá el uso que se decida en consenso con los vecinos cuando Interior urbanice el terreno.

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La falta de uso del solar de la antigua cárcel de Córdoba es un problema que se ha eternizado en el tiempo. Lleva 23 años sin darle utilidad, ya que en el 2000 fue cuando los últimos presos del recinto fueron trasladados a la prisión de Alcolea. Tuvieron que pasar dos años hasta que el Ayuntamiento de la ciudad y el Gobierno firmaron un convenio en 2002 para darle uso a los terrenos. La demolición de la antigua cárcel se produjo en el año 2005, aunque una parte se conservó para el Centro Cívico.

El primer intento por urbanizar ese espacio llegó en el año 2008. Sin embargo, la explosión de la burbuja inmobiliaria y la crisis económica que generó paralizó los avances. Estuvo en el cajón una década. En 2018, el Ayuntamiento de Córdoba innovó el PGOU para atender la petición de Interior para promover vivienda libre y pública en el solar. La aprobación provisional del plan de urbanización se hizo en marzo de 2021.

Urbanismo dio vía verde definitiva al proyecto en octubre de 2022, hace siete meses. Entonces, permitió el aumento de la edificabilidad para que a Interior le cuadrasen las cuentas. En esta autorización, el Ayuntamiento permitió al ministerio que incluso pudiese comercializar locales en los bajos los edificios previstos para aumentar la rentabilidad. Desde entonces, el Siepse, del Ministerio de Interior, no ha vuelto a presentar un papel ni a licitar el plan para iniciar el proceso.