El empleo público crece en Córdoba ocho veces más que el privado desde 2018

Así las cosas, a 1 de enero de 2022 había en la provincia de Córdoba un total de 46.705 empleados públicos de los tres niveles: Estado, Comunidad Autónoma y entidades locales. Es el último dato que ofrece Hacienda y representa un 15 por ciento de la masa total de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en esa misma fecha -tomando la media mensual como dato válido-. Por entonces había 311.196 altas laborales.

Tres años antes, es decir, a fecha 1 de enero de 2019, el peso específico de la rama pública era menor. El Ministerio tenía contabilizados en todos los niveles un total de 43.222 trabajadores, esto es, un 8 por ciento menos (3.483 en valores absolutos). Lo que ocupaban en la gran tarta de la afiliación de la Seguridad Social era un punto menos (14 por ciento). En aquel mes de diciembre de 2018 el volumen de altas laborales era de 304.796. Hay que tener en cuenta que el último mes del año suele ser de los mejores para la empleabilidad en la provincia, tanto por las campañas comerciales por la Navidad como por el apogeo de la campaña de la aceituna en el campo.

Pasados esos tres años, mientras la nómina pública crece en un 8 por ciento de efectivos, la bolsa de empleo privado apenas llega al 1 por ciento. Mientras hay 3.483 empleados más entre Gobierno, Junta de Andalucía, ayuntamientos y Diputación, el volumen de afiliados a la Seguridad Social no público creció en 2.917 personas. El mercado laboral cordobés en ese periodo creció un 2% incluyendo todas las vías de contratación.

La disección de esa masa laboral de las tres administraciones a finales de 2021 deja a la Junta de Andalucía como la que más empleados tiene. En concreto, a esa fecha, 28.300, incluyendo aquí a los casi dos mil trabajadores de la Universidad. En comparación con la cifra de diciembre de 2018 es 2.899 el saldo positivo que ha supuesto esa apuesta por incrementar el empleo sufragado con fondos públicos.

Bien es cierto que hay un factor determinante en este crecimiento: es la pandemia de coronavirus. Durante los años 2020 y 2021, la Junta de Andalucía hizo un esfuerzo en la contratación exprés de sanitarios y docentes, dos de las áreas más sensibles en el impacto de la Covid-19. La primera, para poder asistir el repunte de ingresos y control de la propia enfermedad y la segunda para evitar la proliferación de contagios en la escuela. Fueron también dos años en los que las entidades locales subieron el gasto en personal eventual que ayudó a las tareas de desinfección de espacios públicos en los primeros compases del confinamiento.

En el caso del Estado, la última cifra oficial de su nómina es de 8.218 trabajadores a finales de 2021, lo que equivale a un incremento de 321, un 4 por ciento de mejora frente al 11 por ciento que deja la crecida de Andalucía.

El último tramo está en los ayuntamientos y la Diputación de Córdoba más todos sus organismos municipales. El primer día de 2022 constan un total de 10.187 puestos de trabajo ocupados, son 263 más que tres años atrás. Se trata del incremento más bajo de cuantos se han dado en los rangos institucionales, el 2,6 por ciento para ser exactos.

La reciente crisis a raíz de la guerra de Ucrania aún no se ha medido del todo en el empleo privado, aunque parece que esta brecha ha ido ampliándose puesto que la nómina pública no ha bajado.