Diputación, o el 'gobierno invisible' de Córdoba

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No hay cosa más triste, políticamente hablando, que una Diputación. La relevancia del triunfo se queda en algo más simbólico que otra cosa cuando se desciende a la pura realidad. La institución provincial, por mucho que insistan sus defensores, ha ido perdiendo sitio en el debate público salvo cuando suceden errores catastróficos, se mete la mano en la caja o la gestión de pesebre alcanza niveles intolerables.

El PSOE deja una institución pública con mucho más dinero que obligaciones producto de una autoasumida sensación de segundón. Los socialistas (y a su modo también los populares en su corta historia de gestión de la casa) optaron por no eclipsar el haz de luz que genera la autonomía y los ayuntamientos dejando una sensación un tanto ridícula: la institución con más recursos de libre disponibilidad es también la que genera menos decisiones de impacto. La coartada es la siguiente: las diputaciones se dirigen preferentemente a las poblaciones de menos de 20.000 habitantes, una regla que se olvidó de forma olímpica en las presidencias de José Mellado y José Miguel Salinas cuando la consigna fue la del «Ayuntamiento de Córdoba bis».

La Diputación dispone de herramientas burocráticas de sobra en materia de promoción turística, protección colectiva, recaudación tributaria, agua y saneamientos o mantenimiento de red viaria. Pero apenas le saca brillo con la idea bastante cateta -la verdad- de que participar en la gestión de equipamientos y servicios en Córdoba capital no genera réditos en el mundo rural. Como si estuviera en Ganímedes.

La institución provincial se cepilló de un día para otro su promotora de vivienda pública, Provicosa, sin que se armara el dos de mayo que correspondía mientras mantiene su instrumento de intervención de suelo industrial, el Grupo Cinco, en una suerte de catatonia. En un momento en el que la generación de terreno para empresas es objetivo estratégico general gracias a la Base Logística del Ejército de Tierra, a la sociedad mixta de la Diputación ni está ni se le espera.

En el imaginario creado por los sucesivos presidentes de la institución provincial, participar con voz y voto en determinadas operaciones, como la del Centro de Exposiciones (así como se participaba en la Institución Ferial de Córdoba), se considera pecado mortal a pesar de que la Diputación organiza algunas de las grandes citas del turismo de negocios. Disponer de una potente política de gestión cultural, cuando se dispone de espacio propio (la Fundación Botí), recursos y personal, resulta un anatema. Emprender una iniciativa de impacto general, que drene recursos a toda la provincia parece ser un problema y no una oportunidad. Al final, es un problema de ausencia de ambición.

Podría parecer que la Diputación es una suerte de reino funcionarial. Nada más lejos de la realidad. Los sucesivos gobiernos del PSOE (y la falta de arrestos del PP cuando pudo) establecieron un fortín partidista de forma que no se sabe dónde empieza el partido y dónde acaba la institución pública que pagamos entre todos, sea cual sea el sentido de nuestro voto. El drama de los socialistas al perder la Diputación no es el de dejar de contar con una herramienta de transformación y modernización social sino el de no disponer de una fuente de subsistencia para numerosos cuadros del partido. La Diputación era la gran teta de la vaca que permitía premios políticos y abocaba a castigos en el caso de indisciplina orgánica.

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El PP y quien le acompañe ya sabe que no tiene muchos amigos en la estructura de la institución que va a gobernar. Ni en la casa matriz ni en su bien nutrido sector público. La alternativa número uno puede ser la que ya se vio en 2011, cuando se optó por no molestar a nadie y hacer lo mismo que venían haciendo los socialistas con un leve cambio de caras. La alternativa número dos es la de pegarle un cambio sustancial a lo interno y lo externo de una institución que está pidiendo a gritos menos muebles Doña Concha y algo más de ambición por hacer cosas que perduren.