Santa Bárbara, el agua y el Norte

Con la falta de lluvias ya pisándole los talones, el Gobierno central anunció en julio que acometería unas obras de urgencia para unir el embalse de La Colada con el de Sierra Boyera, que es el que abastece a unos 72.000 habitantes del área septentrional y que se secaba por momentos. La actuación, con un coste de 4,4 millones, era de emergencia, pese a que tenía que ser estructural, porque a los trabajos de enlace permanente la Junta, en la época en la que la dirigía el PSOE, les cortó el grifo. Con el PP al frente, la Administración regional recuperó la conexión definitiva, aunque aún está en la larga fase de papeleo.

En la inauguración del enlace de urgencia, a mediados de marzo, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, dijo: «Hemos llegado a tiempo. Entregamos una actuación que garantiza el suministro». El autobombo naufragó. El 17 de abril, la Junta decretó que el agua de este trasvase no era apta para el consumo humano. La presencia de Carbono Orgánico Total en ella desbordaba los límites legales. Y aunque Emproacsa, la empresa de aguas de la Diputación, aplicó medidas correctoras, la situación no se logró revertir. Pero este último episodio no es un accidente llovido del cielo.

Emproacsa conocía, como desveló ABC, que los informes de la situación del líquido elemento de La Colada señalaron a lo largo de 2022 su mala calidad. A partir de ahí, todo se vuelve turbio: ¿Por qué la empresa de la Diputación suministró ese agua? ¿Por qué ninguna otra Administración alertó antes? Quienes no tienen que contestar estas preguntas, son los habitantes del Norte. Ellos, a la espera de si pueden volver a la normalidad antes del verano, como se ha anunciado, sufren una doble sequía: la de sus grifos y la de responsables públicos que estén a la altura de un problema tan grave como la falta de precipitaciones.