El acuerdo para ceder la Biblioteca Provincial a la Universidad de Córdoba expiró en 2023

Quedaría así expedito el camino para la Consejería de Cultura que ha puesto los ojos en el edificio histórico propiedad autonómica de la Judería como una vía de escape a la mala situación de espacio que vive el Museo de Bellas Artes de Córdoba, bajo su gestión, y que cuenta con miles de obras que no pueden ser expuestas además del flagrante olvido por parte del Gobierno de buscar un decoroso traslado a otro emplazamiento y con otra dotación.

Como publicó en su edición de ayer ABC, ante una coyuntura en la que el Gobierno ha dado un portazo al futuro del recinto museístico, que llegó a contar con 3 millones de euros de partida presupuestaria en las cuentas del Estado de 2009, la Junta de Andalucía ha decidido tomar las riendas e intentar buscar una solución a corto y medio plazo.

El interés de la Universidad de Córdoba sobre este inmueble se fraguó en unos momentos en los que no tenía cerrada la compra de la Zona Militar de la Trinidad y se mantenían las mismas urgencias sobre el espacio en Cardenal Salazar. Faltaban unas semanas para las elecciones rectorales y el rector saliente, José Carlos Gómez Villamandos, se aseguraba con la Junta de Andalucía una oportunidad a más corto plazo que una operación de la envergadura del acuartelamiento de Lope de Hoces.

Así lo rubricó aquel 11 de mayo pero hasta hoy se han sucedido las declaraciones institucionales en el mismo sentido pero no se conoce un proyecto concreto de actuación o un estudio de viabilidad para enrolar a la antigua Biblioteca Provincial en la red de centros universitarios como el propio documento de acuerdo señalaba en su cláusula primera. «Este protocolo no tiene consideración de convenio ya que comporta solo una declaración de intenciones de contenido general que expresa la voluntad de ambas instituciones», agrega el texto.

Bien es verdad que esa misma cláusula sexta también decía que el protocolo «mantendrá su vigencia durante todo el tiempo que sea necesario para su desarrollo», pero a renglón seguido acotaba esta posibilidad a que el interés tomara cuerpo, cuestión que no se habría producido. De ahí que, como reza en este texto, «atendiendo al mero carácter declarativo de voluntades de este documento, el protocolo perdería toda su eficacia, quedando las partes relevadas de las intenciones manifestadas, sin que ello pueda dar lugar a reclamación o a indemnización alguna derivada de su contenido».

El acuerdo también recogía la vía de modificarlo de mutuo acuerdo y de manera parcial o total «para asegurar su viabilidad o adaptarlo a nuevas necesidades», algo que debían volver a firmar, y que tampoco se ha producido. Queda por ver si la voluntad política cambia o retoma el acuerdo.

El escenario a día de hoy es otro al que rodeaba aquel entendimiento. La Universidad de Córdoba es dueña hoy de la Zona Militar donde quiere ampliar y trasladar gran parte del Campus de Letras. Cuestión distinto es la disponibilidad económica que entraña una operación de enjundia y sobre la que aún no se ha avanzado ni en cuanto al anunciado concurso de ideas que para su diseño quería poner en marcha el equipo del actual rector Manuel Torralbo.

De otro lado, tras el traslado a los Jardines de la Agricultura hace poco más de un año de la Biblioteca del Estado, Cultura viene trabajando en una posibilidad más factible de cara al museo de la plaza del Potro, con apenas 700 metros de superficie expositiva (tres salas) y doce mil piezas entre pintura, cerámica, escultura o grabados representativos de la historia artística cordobesa.

Con la rehabilitación y ampliación del Palacio de los Páez de Castillejo (Museo Arqueológico) frenada en seco por parte del Ministerio de Cultura ahora mismo y tras haber asegurado que las obras arrancarían a finales de 2024, y el Museo de Bellas Artes en punto muerto el horizonte de las principales salas expositivas autonómicas está lleno de nubarrones ahora mismo.