Una auditoría detecta irregularidades en beneficio de alcaldes del PSOE

Así consta en el informe realizado a petición de la Diputación de Córdoba, integrante de la citada sociedad, aunque sin mayoría y «sin el control absoluto de las cuentas», tal y como ha anunciado hoy el vicepresidente primero de la institución provincial, Salvador Fuentes.

Los hechos serán denunciados ante la Fiscalía de Córdoba, según matizó Fuentes, quien recalcó la gravedad de los mismos, así como el asesoramiento de los servicios jurídicos, «nos han llevado a denunciar para no incurrir en el delito de prevaricación por omisión».

La auditoría ha abordado los 15 años de existencia del Grupo Cinco pero las presuntas irregularidades se han detectado entre 1996 y 2008. A partir de entonces, como consecuencia de la crisis de la construcción y el parón de la actividad, no se han detectado malas prácticas en la gestión.

La mayoría de irregularidades apuntan a alcaldes del PSOE, cuyos ayuntamientos están representandos en el Grupo Cinco. Así, entre ellos se encuentra el actual regidor de Villafranca, Francisco Javier López Casado (PSOE), que paradójicamente ha tomado cargo este jueves en el Pleno de su acta de diputado provincial. La auditoría detecta como principal irregularidad que contrató los proyectos para la creación del polígono a familiares. También planea la sospecha de que algún terreno pudiera ser propiedad de alguno de sus familiares.

El alcalde de Adamuz, Manuel Leiva (PSOE), también aparece involucrado en una permuta de terrenos en la que podría haberse lucrado. Precisamente, el regidor adamuceño ha sido el único que ha dado la cara y, en declaraciones a ABC, afirma que él no tiene ninguna propiedad en los terrenos, que se trata de un primo segundo y que el contrato se cerró en 2004, «cuando el Ayuntamiento todavía no pertencía a Cincores, ya que nos integramos en el gurpo en 2008, por lo tanto yo no participé ni tuve nada que ver con aquella negociación».

Por otro lado, Leiva mantiene que ha podido tener acceso a la auditoría «y que lo que se dice no tiene nada que ver con lo que está denunciando el PP», en referencia al gobierno de la Diputación. El alcalde adamuceño mantiene que la auditoría especifica que «no se han encontrado situaciones donde el contrato realizado a mi familiar sean más ventajosas que las de los otros veinte propietarios que también permutaron»

El exregidor de Montalbán, el socialista Florencio Ruz, también ha sido señalado por la auditoría como responsable de las irregularidades detectadas en la construcción del polígono de la localidad. De hecho, el informe señala que no hubo estudios previos sobre la idoneidad de la localización del polígono, que se construyó en una finca cuya parte pertenecía a sus familiares.

Otros hechos, que ya están puestos en conocimiento del fiscal, y que van desde pagos desorbitados por aseosarimiento, doble facturación, contrataciones sin ningún tipo de procedimiento público, pago por trabajos no ejecutados, o pago adelantado de obras, salpican a los ayuntamientos de Pozoblanco, Benamejí, El Carpio, Iznájar o La Rambla, entre otros.

Grupo Cinco es una estructura de cinco sociedades, con mayoría de capital público, en la que se integran la Diputación como socio fundador, Cajasur y 41 ayuntamientos de la provincia (55% del total), vertebrándola en cinco zonas, para cada una de las cuales se crea una Sociedad.

Estas zonas se corresponden con ámbitos o ejes productivos, como la Autovía E-5 en la zona Este o Alto Guadalquivir (Cincores), la zona del Valle de los Pedroches y Guadiato que conectará con la futura Autovía Badajoz-Córdoba y N-502 (Cinconor), la A-431 y el Río Guadalquivir en la Córdoba Occidental (Cincoroc), el eje vertebrador que supone la Autovía a Málaga en la Campiña Sur de Córdoba (Cincosur), y en el sureste las futuras autovías del Olivar y la Córdoba-Granada en pleno corazón de la Subbética (Cincosurest)