La red llegó a dejar las vías expuestas al fuego para pagar comisiones

La operación ha supuesto la detención de una treintena de personas en más de una docena de provincias. En Córdoba, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil arrestó a cinco presuntos implicados (todos ellos, en libertad con cargos): entre ellos, a Enrique José Finch Ramos, directivo del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en Córdoba [ente salpicado de lleno por el escándalo] y al que los investigadores acusan de haber cobrado un millón de euros en comisiones durante casi una década. También está encausado un mando intermedio de la empresa ferroviaria en la provincia, Luis M. R.. En 2007 y de 2009 a 2012, habría recibido, en concepto de dádivas, 22.904,20 euros, según los documentos que obran en poder de la juez Alaya.

Hasta tal punto se concebían las citadas «mordidas» como una práctica habitual en el entramado corrupto que los investigadores hallaron incluso el acta de una reunión de la dirección de la firma hispalense, celebrada el 11 de noviembre de 2008, en la que se acuerda la retribución a un funcionario de Adif del 4 por del importe de un contrato.

El documento recoge claramente la forma de compensarlo por parte de la empresa: la no ejecución de los trabajos incluidos en el concierto público en determinados tramos. En pocas palabras, los funcionarios haríam la vista gorda para ahorrar a Fitonovo trabajos que por contrato debía elaborar. Los trabajadores de la empresa alertaban de que «tal vez sería conveniente por nuestra parte [Fitonovo] hacer algo en alguno de esos tramos para que no se vea tan clara la falta de tratamiento en ellos».