La consejera vincula todos los contratos del SAS de emergencia a la pandemia: «Estaban justificados y tenían aval jurídico»

«El uso del mecanismo de emergencia estaba justificado por la pandemia, nos permitió prestar atención sanitaria y estaba avalado por informes jurídicos. Se hizo lo que se tenía que hacer y siempre avalado por la legalidad», explicó la consejera durante una comparecencia en la que argumentó que todo el uso de este modelo de emergencia (con procedimientos abreviados y sin concurrencia) estuvo vinculado con la alarma por la pandemia que el Ministerio de Sanidad «no rebajó hasta julio de 2023».

Por la pandemia «todas las comunidades acudimos a procedimientos de emergencia que eran una obligación por la pandemia y un ejercicio de responsabilidad de los gestores públicos para cumplir la ley de garantía sanitaria. ¿Qué habría pasado si no se hubieran hecho esos contratos? ¿Cuántos hubieran fallecido? ¿Cómo serían hoy las listas de espera?. Se tornó absolutamente imprescindible para hacer frente a los estragos del coronavirus», argumentó la consejera, quien puso como ejemplo que en 2023 los contratos de emergencia se centraron en procedimientos oncológicos.

La consejera avaló sus afirmaciones con los datos de evolución de los contratos de emergencia. En 2020, en plena pandemia, el 26,5% de la contratación del SAS fue por emergencia. En 2021, fue del 11,17%; en 2022 se situó en el 3,41% y en 2023 sólo supuso el 0,9%. «Una vez superada la pandemia el uso de este este procedimiento se convirtió en residual. Y desde mayo de 2023 no se recurre en ningún momento a la contratación de emergencia».

La defensa de la gestión del SAS la reforzó la consejera pidiendo «respeto» a todos los gerentes del Servicio Andaluz de Salud ahora investigados, y especialmente a la actual Valle García a quien calificó «como una excelente persona y profesional que cuenta con mi total confianza». «Pido respeto a la gerente como profesional y como persona. Me entristece que ella y su familia estén sufriendo por una información que no es veraz.

En cualquier caso, la consejera subrayó que es «la Justicia quien debe dirimir» y que desde el Gobierno se atenderán todas las peticiones y solicitudes que se reciban desde el Juzgado. De hecho, la última providencia ya ha requerido una batería de informes y expedientes que incluyen todos los contratos de emergencia firmados por el SAS, no sólo el expediente que fue denunciado inicialmente por el PSOE.

La comparecencia de la consejera de Salud no rebajó el volumen de crítica de los grupos de la oposición que habían intentado sin éxito reclamar un debate general en el Parlamento sobre estos expedientes y exigir que fuera la consejera de Hacienda, Carolina España, quien compareciera en el Parlamento para explicar los informes de Intervención que analizaron la procedencia de los expedientes de emergencia del SAS.

Los grupos de la izquierda llevaban toda la jornada denunciando que el Gobierno andaluz se hubiera «escondido» en un tema clave como los contratos del SAS detrás de la nueva consejera de Salud y habían apuntado directamente a que debía ser España quien compareciera. Estos planteamientos fueron rechazados por el portavoz del PP, Toni Martín, quien acusó a la oposición de «querer imponer decisiones» al Gobierno: «Han creado un caso fake y tienen que alimentarlo. Lo último es que nos digan quién comparece, cómo, dónde y cuándo».

Una vez en el Parlamento, fue el diputado del PSOE, Rafael Márquez, quien cuestionó todos los argumentos de la Consejería. «Hasta 19 informes negativos y demoledores de la Intervención General demuestran que no se ha respetado la legalidad vigente. Estamos ante un caso de enorme gravedad con un menosprecio de la legalidad y un menoscabo de fondos públicos. Es el modus operandi que se mantuvo durante años para quitar recursos del sistema público de salud y dárselos a dedo a clínicas privadas». El diputado puso el acento en cuestiones apuntadas por los informes de Intervención como los problemas en la certificación de los expedientes (el acto que acredita que el gasto se ha ejecutado correctamente) y negó que la Junta de Andalucía contara con aval jurídico.

Por su parte, los grupos de la izquierda tacharon todo el modelo de contratación de emergencia del SAS como un caso de «corrupción política» y criticaron la estrategia del Gobierno andaluz de vincular estos procedimientos exclusivamente a la pandemia. Así lo hicieron tanto Adelante Andalucía como Por Andalucía.

Vox, en cambio, sí expresó su respeto al planteamiento del Gobierno andaluz en torno a quién compareciera, aunque al mismo tiempo negó que hubiera «justificación» para realizar los contratos de emergencia y apuntó que este tema formaba parte del «talón de Aquiles» del Gobierno: «Los informes desmienten su argumentario y ahora deben enfrentarse a los tribunales». «Han hecho un pleno al quince en incumplimientos contractuales y por eso ha puesto la lupa la Fiscalía Anticorrupción».

El PP respondió con dureza a estas críticas a través de la diputada Beatriz Jurado: «Vienen a enfangar Andalucía cuando la única corrupción es la del Gobierno de Pedro Sánchez en el que no cabe ni un corrupto más. No vengan a ensuciar Andalucía porque nos ha costado mucho dejar atrás la imagen de corrupción que dejaron durante su gestión. No les vamos a dejar mentir más sobre unos contratos que se hicieron con luz y taquígrafos, cumpliendo la legalidad y en el peor momento que hemos atravesado como es la pandemia. No eran contratos para pagar prostíbulos y coca, eran para hacer pruebas diagnóstica, para hacer intervenciones quirúrgicas o para comprar materiales necesarios».

Estas palabras generaron los momentos más tensos del Pleno hasta el punto de que el presidente, Jesús Aguirre, llamó al orden a la bancada socialista y advirtió que se escuchó algún insulto como «sinvergüenza». El PP aplaudió en pie la defensa de su diputada.