Conde-Pumpido se abstuvo de intervenir en el caso ERE en el Supremo pero no en el Constitucional

Tratándose de idéntico caso, pero después de dos condenas judiciales –la sentencia de la Audiencia de Sevilla de 2019 y la ratificación del Supremo en 2022–, Conde-Pumpido ha optado por no apartarse. Como presidente del Pleno del Tribunal Constitucional (TC), se ha adherido a otros seis magistrados, eligidos como él a propuesta del PSOE, para anular, por siete votos a favor frente a cuatro de los togados conservadores, la condena a la exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez, que había sido inhabilitada por prevaricación en el caso ERE.

En su escrito de inhibición, presentado en 2014, apelaba al artículo 219.13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por «haber ocupado cargo público con ocasión del cual haya participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito de la causa». El TS aceptó su abstención porque intervino indirectamente en este asunto cuando era fiscal general del Estado.

Juan Carlos Campo, otro de los siete magistrados progresistas que se disponen a dejar en papel mojado los 1.821 folios de la sentencia del caso ERE, tampoco ha formulado renuncia alguna en el caso ERE a pesar de que formó parte del Gobierno de Manuel Chaves como director general de Relaciones con la Administración de Justicia entre 1997 y 2001. Precisamente, una de las causas de abstención recogidas por la citada ley es «haber ocupado el juez o magistrado un cargo público o administrativo con ocasión del cual haya podido tener conocimiento del objeto del litigio y formar criterio en detrimento de la debida imparcialidad».

Como magistrado en excedencia, exvocal del CGPJ y diputado socialista por Cádiz, desde un discreto segundo plano, Campo prestó apoyo en el año 2016 a la secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, para marcar su estrategia jurídica tras la imputación de los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Ofreció asesoramiento a algunos de los principales acusados e incluso hizo algunas gestiones al más alto nivel tanto en la Sala Segunda del Supremo como en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que lo investigaba. «Habló con el instructor, Álvaro Martín, o eso nos dijo», relata uno de sus interlocutores jurídicos en aquella época. Sin embargo, sus gestiones no tuvieron el resultado esperado y el juez atribuyó el delito de malversación continuada a Griñán y a otros 17 altos cargos.

Campo, que fue secretario de Estado (2009-2011) y ministro de Justicia (2020-2021), manifestó su «estupor» ante dicha decisión en una entrevista concedida a la Cadena Ser en el año 2016. Meses antes, había tirado de argumentario del PSOE para sostener que en el caso ERE «no hay menoscabo de fondos ninguno; no hay nadie que se haya llevado un duro, no lo hay».

Tanto el ex alto cargo socialista como el ex fiscal general del Estado se disponen ahora, desde su posición en el TC, a exonerar también del delito de malversación a la exconsejera Carmen Martínez Aguayo y al expresidente andaluz, José Antonio Griñán, condenados ambos a seis años de cárcel. La enmienda propuesta vaciaría de contenido las sentencias que determinaron que 19 ex altos cargos urdieron y/o dispusieron de un sistema que distribuyó a discreción, en medio de un «descontrol absoluto», cientos de millones de euros, con el único fin de apagar los fuegos laborales que amenazaban la hegemonía socialista entre 2000 y 2009.

La intervención de Conde-Pumpido y Campo en los ERE contrasta con sus recientes renuncias en el proceso contra los independentistas catalanes. En 2021, el primero se abstuvo en todos los recursos de amparo después de que fuera recusado por Carles Puigdemont por su intervención en un acto en el Congreso en 2017. En 2023, Campo rehusó participar en otro recurso presentado por un particular en relación la ley de amnistía para salvaguardar la «imparcialidad» del órgano de garantías, porque siendo ministro firmó los informes sobre los indultos a los condenados que reflejaron que dicha medida era inconstitucional.

Fuentes del entorno de Conde-Pumpido consultadas por ABC justifican su intervención en el caso ERE en el TC. Alegan que cuando volvió al Supremo desde la Fiscalía General del Estado, de acuerdo con el presidente de la Sala de lo Penal, se apartó voluntariamente de la instrucción de causas con aforados que tuvieran relevancia política para evitar suspicacias. Lo hizo a pesar de que se había limitado a asignar el caso ERE a Anticorrupción, en un oficio de trámite firmado por el teniente fiscal del Supremo. Dichas fuentes entienden que fue una decisión interna que no conlleva intervención ni influencia algunas en el proceso judicial propiamente dicho, aunque entonces le pareció procedente inhibirse. En estos momentos, añaden, la posición es completamente distinta porque se trata de resolver recursos de amparo contra sentencias firmes dictadas muchos años después de dejar la Fiscalía General.

Las causas de abstención y recusación en la jurisdicción ordinaria y en la constitucional se aplican de distinta manera. En la primera los abstenidos son sustituidos por otros magistrados de la misma jurisdicción y categoría, mientras que el TC su retirada sí afecta a la integridad del tribunal puesto que no existe la posibilidad de nombrar a sustitutos, según apostillan las citadas fuentes, informa Nati Villanueva.

Éste es un aspecto crucial. En el caso de que Conde-Pumpido, Campo y la ponente Inmaculada Montalbán se hubieran abstenido, la pretendida exculpación de Magdalena Álvarez no habría salido adelante. Los magistrados progresistas habían perdido su mayoría al quedarse en cuatro, tantos como los conservadores, que han presentado votos discrepantes. Montalbán, que es vicepresidenta del TC, fue condecorada por el Gobierno de Griñán en 2012. La redactora de las ponencias o borradores de sentencia que enmiendan las resoluciones del caso ERE, recibió la medalla de Andalucía a través de un decreto firmado por el expresidente andaluz.