PSOE y PP prometen que han sellado el último reparto político de la Justicia

El acuerdo, que ha enojado sin excepción a todos los partidos que no han participado en él —pese a llevar un lustro quejándose de la anomalía que suponía la no renovación—, implica teóricamente un paso hacia adelante en la despolitización del Consejo, que si bien en la actual renovación estará sujeto al actual sistema de elección (íntegramente parlamentario), prevé una modificación legislativa cuyas bases pondrá el actual CGPJ.

Y es que los nuevos vocales disponen de seis meses para presentar un texto que contemple la «participación directa» de los jueces y magistrados en la elección de los próximos integrantes del órgano. Este texto será trasladado «al Gobierno, al Congreso y al Senado para que, por los titulares de la iniciativa legislativa, basándose en ella, se elabore y someta a la consideración de las Cortes Generales un proyecto de ley o proposición de ley de reforma del sistema de elección de los vocales judiciales para su debate, y en su caso, tramitación y aprobación».

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Esa era la línea roja que habían puesto los populares ante la negativa del PSOE a modificar el sistema de elección. Si la actual renovación no podía llevarse a cabo conforme al nuevo sistema (en el que los doce vocales de procedencia judicial fueran elegidos por la carrera) al menos que hubiera un compromiso para el cambio de modelo. Para los populares, esta proposición de ley cumple con ese objetivo aunque el propio Alberto Núñez Feijóo admitía ayer que no sabe si la mayoría parlamentaria que tiene que dar luz verde a esa propuesta que haga el CGPJ la sacará adelante.

Desde luego ese «en su caso» de la disposición adicional de la proposición deja la puerta abierta a que lo que se produzca sea un simple «debate» pero al menos sirve al PP para justificar el acuerdo dentro de sus propias filas, donde hasta ayer había reticencias a la firma de este pacto e invitaban a Feijóo a «resistir» la presión que suponía la amenaza de la reforma que quería Podemos.

El acuerdo cerrado este martes incluye que PSOE y PP propongan cada uno diez candidatos a vocal y que, por primera vez, el presidente del órgano sea elegido por los propios vocales. Aunque la Ley Orgánica del Poder Judicial ya lo contempla así, en la práctica el nombre de este presidente siempre ha formado parte del pacto, lo que acrecentaba esa imagen de politización del órgano de la que ahora se pretende huir. El nombre de esos vocales, tanto los doce de procedencia judicial como de los ocho juristas, también se ha rubricado ya, lo que da idea de que las conversaciones entre populares y socialistas estaban muy avanzadas.

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De hecho en el caso de los jueces se ha elegido a los mismos candidatos que estaban previstos en el acuerdo que saltó por los aires en octubre de 2022, cuando Feijóo se sintió traicionado por Sánchez al ocultarle éste la reforma del Código Penal que, en una nueva concesión al independentismo catalán, suprimió la sedición y reformó el delito de malversación.

No ha habido concesión alguna a los nacionalistas ni independentistas en el acuerdo de ayer. Pese a que en Consejos anteriores siempre ha habido representantes del PNV o de CiU, en este caso no tienen un sillón.

El acuerdo contempla que de forma simultánea al refrendo parlamentario de los vocales, se lleve a cabo una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que será refrendada este mismo mes de julio en un Pleno del Congreso. La proposición de ley, además de esa encomienda al CGPJ para que proponga una reforma del sistema de elección en el plazo de seis meses, establece la prohibición expresa de que un ministro pueda ser fiscal general del Estado, como sucedió con Dolores Delgado, cuya mano derecha, por cierto se cuela en el Consejo como jurista (Inés Herrero, exportavoz de la Unión Progresista de Fiscales).

La iniciativa parlamentaria incrementa a 20 años el tiempo que deben haber cumplido los miembros de la carrera judicial para ser nombrados magistrados del Tribunal Supremo y establece que los jueces o magistrados no puedan reingresar al servicio activo hasta dos años después del cese en el cargo que motivó la excedencia voluntaria.

Respecto al CGPJ, introduce un régimen de incompatibilidades para poder ser designado vocal por el turno de juristas de reconocida competencia: no podrán ser elegidos quienes en los cinco años anteriores bien hayan sido titulares de un ministerio o de una secretaría de Estado o de una consejería de un gobierno autonómico o de una alcaldía, o bien hayan ocupado cargos públicos representativos en el Parlamento Europeo, el Congreso de los Diputados (como el vocal Álvaro Cuesta), el Senado o Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas. El mismo régimen de incompatibilidades se establece para quien sea nombrado fiscal general del Estado. Sobre este mismo cargo el texto también señala que deberá apartarse de los pleitos o causas cuando les afecte alguna de las causas de abstención establecidas para los jueces y magistrados, algo que hasta ahora no estaba regulado.