Los otros condenados por el caso ERE avisan: «Sería un agravio indultar sólo a Griñán»

La mayoría de los abogados de los condenados –seis de ellos, como el expresidente Manuel Chaves (1990-2009) han sido inhabilitados entre ocho y nueve años por prevaricar– han confirmado a ABC que planean acudir al TC y solicitar el perdón al Ejecutivo, por este orden. A diferencia de la familia de Griñán, que ya ha presentado la petición de indulto parcial de la pena privativa de libertad, las defensas estaban a la espera de que el Supremo notificara el contenido de la sentencia que ha difundido este miércoles, para formular sus recursos y escritos. Los condenados lo son ya en firme por urdir un sistema «fraudulento» que sin control y durante una década repartió 680 millones de euros entre empresas en crisis para garantizar «la paz social» en Andalucía.

Las defensas coinciden en que si el Consejo de Ministros concede la medida de gracia a Griñán, deberá hacer lo propio al menos con otros cuatro condenados por malversación de fondos públicos que, según dos de las magistradas de sensibilidad progresista que integraban el tribunal (con cinco miembros), «deberían haber sido absueltos» de este delito, aunque no del de prevaricación. Eso les habría librado de tener que pisar la prisión. «Sería un agravio, una barbaridad, que el Gobierno sólo perdonara la pena a Griñán y no al resto» cuando éstos tramiten sus solicitudes, aseguran fuentes de las defensas. «Si se le concede a él, también debe ser al resto», añade otro letrado que pide preservar su anonimato.

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«Llevan tiempo hablando de la honorabilidad de Griñán y Chaves, pero también hay consejeros y otros condenados de los que nadie se acuerda», lamenta uno de ellos, al ser preguntado por el apoyo que los expresidentes del Gobierno Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero van a brindar al indulto de su amigo Griñán.

La decisión final es todavía una incógnita. «El Gobienro dará o no el indulto en función del coste político que tenga para el presidente, que es lo único que le importa: si esto le beneficia o le perjudica», advierten. El precedente más reciente fueron los indultos a los líderes independentistas catalanes, perdonados sin haberse arrepentido y con la oposición expresa del Supremo.

Gonzalo Martínez Fresneda, letrado del que fuera vicepresidente de la Junta Gaspar Zarrías –condenado a nueve años de inhabilitación especial por prevaricación–, estudia una estrategia. Por lo pronto, «la vía a seguir es el Constitucional y luego ya veremos». La petición de indulto parcial de Griñán la considera «prematura» porque «es dar por descontado que el recurso de amparo ante el Constitucional no va a prosperar, cuando es posible que sí lo haga tratándose de una sentencia con un tribunal dividido», aunque la decisión sea colegiada.

Este letrado espera que la medida de gracia prevista en el ordenamiento jurídico, en el caso de concederse, no se limite a Griñán: «Me parece bien si se aplica a todos los condenados que se encuentran en las mismas circunstancias». A su juicio, esta premura del expresidente y exconsejero de Hacienda obedece a que «quizás no se fíe de que el Constitucional, con mayoría conservadora, vaya a suspender la pena de prisión en un tema tan politizado como los ERE». La jurisprudencia del TC sitúa en los cinco años de prisión el límite para suspender una condena. Griñán, a sus 76 años, se enfrenta a seis años de cárcel.

El hilo argumental de las peticiones de indulto serán el voto particular emitido por las dos magistradas que apoyaron la absolución del delito de malversación en los casos de Griñán; el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo; la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo; el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román, y el exdirector general de la agencia IFA/IDEA que pagaba las ayudas irregulares, Miguel Ángel Serrano Aguilar. Estas discrepancias son parte de la munición jurídica que recoge la solicitud presentada por la mujer y un hijo de Griñán para solicitar su indulto. La resolución «no ha superado la exigencia de una convicción del tribunal más allá de la duda razonable», señalan.

Su familia utiliza otros argumentos a su favor como el «anómalo retraso en el dictado de la sentencia» y su «intachable trayectoria» como servidor público. Aluden también a la «absoluta desproporción» de su condena en comparación «con las penas impuestas a otras personas que, a diferencia de Griñán sí incrementaron su patrimonio en este mismo caso o en otros de similar repercusión».

La mera insinuación de que otros condenados sí se habrían enriquecido ha causado malestar y desconcierto en algunas defensas consultadas por este periódico, que lo consideran un «ataque gratuito» a sus intereses. «La sentencia de la Audiencia en esta pieza de los ERE no prueba que se haya lucrado ningún cargo político, más allá del posible enriquecimiento de terceros», en alusión a las empresas beneficiarias de ayudas, se quejan.