El interventor que hacía informes a la medida a cambio de colocar a su hija peluquera

De las cuatro instrucciones que se están desarrollando en estos momentos, hay una que se encuentra en la fase más avanzada y de la que no ha trascendido hasta ahora detalle alguno a los medios.

El juzgado de Instrucción número 1 de Arcos mantiene imputados al interventor del Consistorio y a los exdelegados municipales de Personal y Urbanismo , Carlos de la Barrera (PP) y Manuel Erdozain (Aipro, ahora de Ciudadanos), respectivamente, por posible cohecho y malversación. Se investiga si el funcionario modificó un informe esencial para el desarrollo de obras en el municipio arcense a cambio de un puesto de trabajo para su hija.

Según han confirmado fuentes del caso, en junio de 2014, el interventor emitió un informe en el que concluía que el Consistorio no podía ejecutar obras con recursos propios debido al estado financiero de su tesorería. Este dictamen, en esencia, suponía la paralización de todos los proyectos urbanísticos que no fueran financiados por otras administraciones.

Sin embargo, dos meses después levantó este veto a pesar de que la situación económica no había variado en tan corto periodo de tiempo. Detrás de esta modificación sustancial estaba presuntamente la contratación de la hija del funcionario .

La joven, de formación peluquera, entró a trabajar en el centro ocupacional Juan Candil , de gestión municipal y que se dedica a la atención de personas con discapacidad. La directora del centro declaró ante el juez que había solicitado la incorporación de un monitor con titulación y experiencia en la atención a personas con estas necesidades.

También confirmó que ella no seleccionó a la hija del interventor, que fue una contratación «que le vino hecha» –señalan fuentes del caso–. Un enchufe que además no sirvió para cubrir con eficacia la vacante porque la joven carecía de conocimientos para el tratamiento de discapacitados; así que fue reubicada como ayudante de monitores, un puesto que hasta la fecha no había desempeñado nadie.

En el contrato que le hicieron a medida tampoco consta cuáles eran sus verdaderas funciones, ya que fue dada de alta en la Seguridad Social como auxiliar administrativo.

La nueva trabajadora permaneció en el centro ocupacional hasta junio de 2015, cuando el Ayuntamiento de Arcos cambió de color político por voluntad de las urnas, que situó al frente de la Alcaldía al socialista Isidoro Gambín.

La denuncia original de este caso de enchufismo llegó a la Fiscalía Anticorrupción gaditana de la mano de un trabajador de parques y jardines, quien afirmaba que habían colocado a la hija del interventor a cambio de favores.

Paralelamente, otra exdelegada del Consistorio, imputada en otro procedimiento, incriminó en una de sus declaraciones al exedil de Urbanismo, afirmando que se habían paralizado los proyectos previstos en barriadas y pedanías por culpa del interventor, pero que podían solucionar ese contratiempo contratando a su hija. Cuando realizó esas afirmaciones, el juez ordenó de inmediato que se dedujera testimonio.

Fuentes judiciales confirmaron a este periódico que la instrucción de este procedimiento se encuentra muy avanzada y sólo faltan algunas diligencias solicitadas por el fiscal Anticorrupción. No es el único caso de enchufismo que se investiga en el municipio serrano. El exalcalde y senador del PP, José Luis Núñez, junto a ocho concejales de la anterior legislatura, entre ellos Erdozain y de la Barrera, están imputados por la contratación irregular de 25 personas afines a responsables municipales.