El año 2025 arranca en Andalucía con subida en los recibos de agua por el canon de mejora y la nueva tasa de residuos

La primera subida la experimentará la población andaluza en sus recibos del agua. El canon autonómico para inversiones, que data de 2011, se suprimió en 2022 como parte de la política de rebajas fiscales del Gobierno autonómico. Sin embargo, un año después, en 2023, se recuperó con el mismo importe. Y para el próximo ejercicio se ha incrementado en torno a un 30% tanto en la cuota fija como en las variables. La Junta estimó en su momento que esta tasa supone en torno a 40 euros al año de media para las familias, cifra que ahora se incrementará entre 12 y 15 euros en función de los consumos.

La recaudación por esta tasa ascenderá, de acuerdo con los presupuestos de la Junta de Andalucía, modificados a través de las enmiendas formuladas por el PP-A, a 179 millones de euros. Todo este dinero es finalista. Es decir, los ingresos sólo se podrán utilizar para inversiones en infraestructuras hidraúlicas, para hacer frente a la sequía o para reducir el riesgo de inundaciones.

A esto se añade, la gestión de Impuesto por el Depósito de Residuos en Vertederos, un tributo estatal creado en enero de 2023 aunque la gestión le corresponde a la comunidad autónoma y la recaudación a los ayuntamientos. Durante sus dos primeros años, la mayor parte de los municipios optaron por no repercutirlo a la ciudadanía. Sin embargo, a partir de 2025 se convierte en obligatorio que sean los hogares quien asuman esta nueva figura fiscal creada a instancias de la Unión Europea con el doble objetivo de concienciar sobre una gestión sostenible de los residuos y de fomentar sistemas de reciclaje.

Los ingresos por este impuesto recaen directamente en la Junta de Andalucía que cuenta con unos ingresos asignados por este concepto de 120 millones de euros que dedica a políticas de sostenibilidad, una parte de ellas ejecutadas a través de los ayuntamientos. La reivindicación de muchos ayuntamientos, a través de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, es que ese dinero no sea gestionado por la Junta de Andalucía sino que vuelva a los ayuntamientos: . «Si nosotros somos quienes por obligación legal tenemos que poner esa tasa o actualizar y subir los precios de la recogida, queremos que esa recaudación vuelva a los ayuntamientos gestores de residuos para hacer las inversiones necesarias y dejar de depositar en vertederos», recoge la última declaración realizada por la federación.

Además de estos dos conceptos, varios ayuntamientos han optado por aprovechar el ejercicio 2025 para implementar subidas en las ordenanzas que regulan las tasas de abastecimiento y saneamiento. Es el caso de Granada, que ha planteado una subida en los recibos del 2,75%; Cádiz con una propuesta de aumento de entre 2,4 y 2,9 euros al mes; Almería con un aumento del 35% para asumir costes de desalación, Huelva que también prepara una actualización de tarifas o Sevilla que aprobó fasear su aumento de las tarifas en los ejercicios 2024 y 2025.

La Junta de Andalucía y los ayuntamientos están a la espera de la decisión que finalmente adopte el Gobierno central en torno al mantenimiento de las subvenciones al transporte público urbano e interurbano que han permitido reducir los precios entre un 50 y un 60% durante los últimos dos años.

En el ejercicio 2024, el Gobierno central aprobó financiar un descuento del 30% en las tarifas con la condición de que las administraciones gestoras del transporte pública lo complementarán con otro 20% al menos. En el caso de la Junta de Andalucía su aportación se situó al nivel del Gobierno central con otro 30%. De ahí que los billetes de los autobuses de los consorcios metropolitanos o los Metros de Sevilla, Málaga y Granada hayan mantenido una reducción del 60%. El impacto de esta medida en los dos subterráneos de gestión privada a través de una concesión (Sevilla y Máaga) ha sido de casi once millones de euros.

En este sentido, la Junta de Andalucía pidió a mediados de octubre al Gobierno central que se hiciera una planificación de las bonificaciones al viajero en el transporte público y una coordinación con todas las administraciones para evitar medidas «a última hora». De hecho, los presupuestos de 2025 de la Junta no contemplan ninguna bonificación adicional al no tener sustento del Ejecutivo central. Algunos ayuntamientos como Cádiz, sí han planteado sus cuentas planteando mantener su parte de la bonificación.

Sin embargo, no se ha producido coordinación ni comunicación previa, salvo mensajes en torno a una posible revisión del modelo de bonificaciones que debe concretarse en el Consejo de Ministros que se celebra el lunes 23 de diciembre.