Andalucía atendió a 5.800 menores en su sistema de Justicia Juvenil durante 2024

La memoria anual del sistema andaluz refleja una tendencia a la baja en el número de casos, que se viene dando desde 2021, «consolidando el modelo andaluz como referente nacional e internacional». De hecho, el 80% de los menores que pasan por el sistema no reinciden, lo cual refleja «la excelente labor que realizan los profesionales que trabajan en los recursos de Justicia Juvenil», ha destacado este viernes el consejero del ramo, José Antonio Nieto, en una nota.

De los casi 5.800 menores que cumplieron medidas judiciales el año pasado, 4.681 lo han hecho en medio abierto (el 81,4% chicos y el 18,5% chicas), con medidas tales como libertad vigilada, tratamiento ambulatorio, prestaciones en beneficio de la comunidad, tareas socioeducativas, permanencia en domicilio el fin de semana, asistencia a talleres en centros de día o convivencia en grupos educativos. Otros 1.141 han cumplido medidas privativas de libertad (internamiento cerrado, semiabierto, abierto o terapéutico), de los que solo 140 han sido chicas (el 12,2%).

Andalucía cuenta con un total de 751 plazas para chicos, chicas y unidades especializadas de internamiento terapéutico, repartidas en los 14 Centros de Internamiento de Menores Infractores (CIMI). El último de ellos se ha puesto en marcha recientemente en Málaga, con 50 plazas.

El 60,42% de los internamientos decretados por los jueces han sido en régimen semiabierto, el 24,39% terapéuticos (más frecuentes entre las chicas) y el 7,59% en régimen cerrado. Los delitos más comunes asociados a estas medidas han sido los de lesiones, torturas e integridad moral y contra el patrimonio (robos).

Los jueces de Menores optan en mucha mayor medida por medidas no privativas de libertad. Para su cumplimiento, la Junta cuenta con 17 Grupos Educativos de Convivencia (GEC) y ocho Servicios Integrales de Medio Abierto (SIMA). Además, la Consejería de Justicia tiene convenios con ayuntamientos y ONG para que realicen prestaciones en beneficio de la comunidad o tareas socioeducativas.

El año pasado cumplieron medidas de medio abierto 4.681 menores. Más de la mitad tenían 16-17 años, pero mientras han disminuido ligeramente los de 18 años o más, ha aumentado hasta el 20% el porcentaje de menores de 14-15 años, sobre todo chicas entre las que el índice de delincuencia disminuye conforme sube la edad. La libertad vigilada sigue siendo la medida más frecuente en ambos sexos, con un 51% entre los chicos y un 45% entre las chicas.

En este caso, los delitos más frecuentes son los de lesiones (35%) y contra el patrimonio (27%). La violencia filioparental representa el 15,83%, aunque en el caso de las chicas supone el doble que entre los chicos, mientras que la violencia de género supone solo el 2,97% de los casos.

La Ley del Menor apuesta por la mediación como alternativa al juicio, sobre todo en delitos leves, y supone «todo un éxito» en Andalucía, según ha valorado la Junta, ya que el año pasado 1.400 jóvenes no llegaron a juicio gracias al trabajo de los equipos profesionales de los ocho Servicios provinciales de Mediación Penal de Menores que facilitaron el acuerdo con las víctimas.

En el 36% de los casos se evitó el juicio mediante actos de conciliación entre el menor y la víctima (754), en un 32% mediante la reparación del daño (658) y en otro 32% mediante la realización por parte del menor de actividades socioeducativas sustitutivas de las medidas judiciales (672), como talleres de educación vial en los delitos de tráfico.

El consejero ha recordado que Andalucía contará con el primer Observatorio de Justicia Juvenil de España y prácticamente de Europa (solo hay uno en Bélgica y no es público) que permitirá ampliar el conocimiento de la realidad de los menores infractores, con datos cualitativos y cuantitativos actualizados para evaluar y actualizar la intervención que se realiza con los menores infractores.

Tras la aprobación en el Consejo de Gobierno del Decreto para su creación, actualmente está constituyéndose la composición de este órgano colegiado en el que estarán representados los departamentos de la Junta con responsabilidades en materia de educación, empleo, familias, formación profesional, políticas migratorias, infancia, juventud, salud y violencia de género. También participarán profesionales de la Judicatura, la Fiscalía, la abogacía, las universidades o las entidades que gestionan los centros y servicios andaluces.