Absuelta una cooperativa de hortalizas de Almería por cultivar marihuana al ser un proyecto de I+D

Nueve acusados llegaron a juicio oral, tres de los cuales estuvieron en prisión provisional entre siete y cuatro meses. De Unica Group resultaron procesados el director general y un técnico -representados por el abogado Joaquín Monterreal-, que eludieron la prisión con el pago de una fianza, y la propia cooperativa como persona jurídica, defendida por el letrado penalista Juan Antonio Frago Amada.

En el caso del director general y el técnico de la cooperativa almeriense Unica Group, el Ministerio Fiscal pedía para ambos cuatro años de prisión y multa de diez millones de euros con responsabilidad personal subsidiaria. Para la cooperativa Única solicitó como persona jurídica 10 millones de euros de multa. Las defensas de los acusados reclamaron la nulidad de las actuaciones por la vulneración de sus derechos fundamentales y las garantías del procedimiento, sobre todo en el registro de la nave.

28 de octubre de 2024. Tres años después de los hechos, el Juzgado de lo Penal de Teruel acaba de absolver al director general y un técnico de la cooperativa de segundo grado; así como a Unica Group como persona jurídica, así como a la entidad Seventips y a trabajadores de la nave donde se cultivaba el cáñamo. No obstante, aún puede recurrirse en apelación la decisión judicial.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso ABC, la magistrada Amparo Monge no anula el registro de entrada de la Guardia Civil en la plantación 'indoor', como pretendían las defensas, pero sí absuelve a los acusados al considerar que no está acreditado que Unica Group tuviera intención de producir droga y que se trataba de un proyecto de I+D.

Unica, una cooperativa líder en el sector agroalimentario, con una facturación de 620 millones de euros, puede respirar ya tranquila tras este episodio judicial, que ha vivido como una pesadilla. Un total de 20.000 trabajadores directos, 5.000 de ellos agricultores cooperativistas, forman parte de la empresa. Está presente en cuatro comunidades autónomas (Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana y Castilla La Mancha), aunque su sede está en Almería. Tiene más de 100 productos en catálogo y cuenta en Andalucía socios cooperativistas en Almería, Granada, Córdoba y Huelva.

Tras la sentencia absolutoria, Unica Group considera que se ha probado su posición durante todo el proceso judicial: que tanto la cooperativa como sus empleados «habían actuado dentro del marco de la legalidad en todo momento, demostrando su total inocencia frente a la investigación judicial al ser completamente ajenos a los hechos investigados».

Para entender qué sucedió, hay que retrotraerse a 2020. Unica Group, cooperativa que tenía un potente departamento de I+D, decidió emprender el cultivo de cáñamo industrial como 'prueba agronómica' para conocer si era o no rentable, ya que ese producto puede ser destinado a la fabricación textil, sedas, papeles, alimentos, cosméticos o suplementos alimenticios. Para ello, tenía que utilizar semillas certificadas de variedades que contaran con autorización y con un contenido en el principio de estupefaciente tetrahidrocannabino (THC) no superior a 0,2%, no pudiendo destinar a ninguna finalidad los 'cogollos' de la planta por ser considerados estupefacientes.

Según se recoge en la sentencia, para comenzar el proyecto, Seventips vendió a Unica Group 50.000 semillas de cáñamo de la variedad lambada CBD, autorizada por el Ministerio de Agricultura, para sembrarlas y cultivarlas. Ha quedado acreditado que la cooperativa requirió autorización al Ministerio de Agricultura y comunicó el cultivo a la Oficina Comarcal Agraria (OCA) y al Cuartel de la Guardia Civil, realizando analíticas que garantizaran que el cultivo no excedía el 0,2% de THC.

Una vez iniciado el cultivo en Almería, debían realizarse las labores de secado de la planta, pero como esas instalaciones no tenían tamaño suficiente para albergar ese proceso, Seventips puso en contacto a Unica Group con Hemp Life Green para alquilarle las instalaciones y poder continuar con el secado de cultivo en una finca de Villel (Teruel).

Por ello, la plantación se transportó desde Almería hasta Villel. El control de campo de las plantas cultivadas lo organizó Única a través de análisis periódicos encargados al Laboratorio Analítico Bioclínico (LAB), que remitía las muestras el Centro Tecnológico Agroalimentario de Extremadura.

Las investigaciones de la Guardia Civil se iniciaron a raíz de que una administrativa de Hemp Life dijera que advirtió un fuerte olor a marihuana de las plantas transportadas a Villel en enero de 2021, asegurando que las plantas liberaban resina, aunque la Benemérita y el Ayuntamiento de esa localidad sabían que esas naves se destinaban a secar cultivo de cáñamo. Cuando la Guardia Civil registró las naves tomó muestras y aseguró que varias de ellas superaron el 0,2% de riqueza TCH, por lo que se consideraba droga.

El Ministerio Fiscal destacó que existía un contrato entre Seventips y Unica Group no sólo para la compra de las semillas, sino también para la adquisición de la cosecha con el fin de vender cogollos a una empresa suiza llamada Mad Monkey Garden, aunque un testigo aseguró que el destino era para biomasa, no para consumo humano. La Fiscalía indicó que bajo la apariencia de un cultivo con destino industrial y para I+D se ocultaba droga para consumo humano. En un principio defendió que la riqueza de TCH de las plantas incautadas era superior a 0,2%, aunque después eliminó esa consideración.

La sentencia recoge las declaraciones de un perito que cuestionó el muestreo hecho por la Guardia Civil porque no excedía de 30, al tiempo que aseguraba que los análisis se hicieron sin tener en cuenta que eran plantas de cáñamo industrial, no de cáñamo tipo droga. Además, indicó que los análisis de Sanidad, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y el Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario (CTAX) tenían diferencias del 50% entre sí. «Es evidente que se ha hecho algo mal», señaló el perito, para quien no quedó acreditado que el nivel del THC de las plantas incautadas fuera superior al 0,3%, el porcentaje al que la UE elevó en 2021 la toxicidad de la planta para ser considerada droga.

«La prueba agronómica llevada a cabo para determinar la viabilidad del cáñamo industrial en las condiciones específicas de cultivo de Almería se realizó con absoluta transparencia, diligencia y conforme a las normativas vigentes, habiendo sido informadas las administraciones y organizaciones empresariales del sector», añaden fuentes de esta cooperativa.

Asimismo, indica que «la sentencia reconoce el control de la cooperativa para asegurar que el cultivo se mantuviera siempre dentro de los límites legales de THC y apunta a las limitaciones de los sistemas de medición que se emplearon para analizar las muestras incautadas a la hora de calibrar correctamente niveles reducidos de THC».

Por el contrario, Única subraya que «en todos los informes aportados posteriormente se concluye 'que nos encontramos ante cáñamo tipo fibra'. Se confirma así que Unica adoptó todas las medidas de seguridad y control para garantizar que el proyecto de I+D cumpliera con la más absoluta legalidad, lo que ratifica el compromiso de Única con la innovación y el desarrollo de proyectos agronómicos sostenibles y responsables, en concordancia con las mejores prácticas del sector».

A pesar de esta experiencia traumática, la cooperativa anuncia que «seguiremos apostando por la innovación y el desarrollo de proyectos agronómicos sostenibles que contribuyan a mejorar la competitividad de nuestros productos y el bienestar de las comunidades en las que operamos, siempre dentro del respeto a la legalidad y las normativas aplicables».