La Junta traslada al TSJA que los suelos donde se levanta el Algarrobico son «no urbanizables desde 1994»

Por esta razón, la Junta solicita, además, que el alto tribunal andaluz anule parcialmente el acuerdo municipal adoptado en pleno el pasado mes de abril al considerar que no era «necesario» porque El Algarrobico tiene, 'de facto', la clasificación de suelo protegido donde no se puede edificar «desde 1994», año en el que se publicó la normativa ambiental del parque natural de Cabo de Gata-Níjar.

Para el Gobierno andaluz, la condición de no urbanizable del suelo de este paraje «no procede de efectos sobrevenidos» como sostiene el Ayuntamiento en su acuerdo de pleno de 26 de abril, sino que ha quedado «establecida judicialmente con efectos desde 1994, mucho antes de que, en 2009», según remarca, se aprobase por la corporación municipal la calificación como urbanizable «ahora anulada».

El incidente de ejecución que ha presentado la Junta al TSJA, al que ha tenido acceso Europa Press y con el que irrumpe en el procedimiento que hasta ahora solo han impulsado los colectivos ecologistas, argumenta que hay un «defectuoso cumplimiento» de las sentencias por parte del Ayuntamiento de Carboneras de acuerdo al examen hecho del acuerdo remitido a la Consejería de Fomento para su inscripción en el Registro de Planeamiento.

Remarca que, dado que en los terrenos de El Algarrobico no se puede construir «desde 1994», el consistorio debe «cesar» todas las actuaciones que, desde esa fecha, «cuestionen su calificación como suelo no urbanizable especialmente protegido». En consecuencia, la Junta interesa «expresamente» que la sala «ordene» al Ayuntamiento que «refleje en sus documentos y decisiones» esta realidad. Cabe recordar que la licencia municipal de obras del hotel de Azata, declarada «legal» recientemente por el Tribunal Supremo (TS) en fallo firme, se concedió en el año 2003.

Los servicios jurídicos del Gobierno andaluz mantienen que el consistorio, gobernado entonces por el PSOE, se extralimitó «en el cumplimiento» de esta y otras sentencias entorno al paraje« y que el acuerdo »no ejecuta con la fidelidad debida la resolución judicial firme a la que intenta pretendidamente dar cumplimiento« ya que »obvia el resto de pronunciamientos judiciales recaídos, que tienen efecto de cosa juzgada«. Este es un extremo que han sostenido los ecologistas ante el TS para pedir la nulidad de la licencia municipal de obras.

«La nulidad de la clasificación del suelo se ha alcanzado en vía judicial, no administrativa, por lo que la actividad municipal en la ejecución de la sentencia no puede ir más allá de recoger formalmente en el planeamiento vigente el grado de protección que le corresponde«, apunta.

En esta línea, en su escrito, el Gobierno andaluz destaca que el ayuntamiento «no ha llevado a puro y debido efecto» las sentencias, lo que «las privaría de sus efectos prácticos», y pide que el TSJA se pronuncie «negando al ayuntamiento cualquier actuación contraria a lo fallado» en vía judicial sobre El Algarrobico.

Por último, traslada que ya advirtió en enero de 2023, cuatro meses antes del pleno municipal extraordinario, al consistorio de que «debía limitarse a reflejar en su contenido documental la clasificación del suelo que corresponde« y de que se trataba de hacer »un mero traslado de los acordado por el tribunal al instrumento de planeamiento general vigente«.

Greenpeace ya denunció al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que lo aprobado por el pleno de Carboneras (Almería) con la abstención de la oposición era «nulo de pleno derecho» por un defecto en su tramitación cometido «a sabiendas». Solicitó a la sala que multase por «una nueva maniobra dilatoria» al ahora exalcalde José Luis Amérigo (PSOE), quien continúa advertido con sanciones coercitivas de 700 euros cada 20 días.

La sesión plenaria municipal que ahora se cuestiona se desarrolló entre reproches y críticas unánimes por parte de la oposición, que se abstuvo debido al trámite seguido por el equipo de gobierno, «saltándose todos los pasos previos» y con «prisas» tras la «amenaza» de multas al alcalde. La oposición cuestionó también el procedimiento con un «giro de 180 grados» dado en «apenas un mes» rechazando ser «copartícipes» de un «circo» y «un galimatías jurídico».