Los clanes del petaqueo protagonizan una escalada criminal en Almería

El poniente de Almería, y concretamente el municipio de Adra se sitúa como epicentro. Aquí, en embarcaderos ilegales y naves improvisadas bajo plásticos se almacenan miles de litros de combustible que terminan alimentando a las narcolanchas. A medio camino entre invernaderos y el mar de Alborán florece esta actividad clandestina que mueve millones y genera violencia.

Saúles, Lateros, Bailaor o Pantoja son algunos de los nombres que reciben los clanes más conocidos que operan entre El Ejido y Adra. En los últimos meses, el negocio del petaqueo ha pasado de ser una actividad en la sombra a ser visible por las reyertas y las incautaciones realizadas por la Guardia Civil.

Según cifras del Ministerio del Interior, durante los seis primeros meses del año en la provincia de Almería se han contabilizado cinco homicidios consumados, doce intentos de estos delitos y un total de 286 infracciones graves y muy graves por lesiones o riñas tumultuarias. Aunque los registros son similares a los de 2024, el repunte se observa en localidades como El Ejido o Adra, e incluso en Berja, municipio que con menos de 20.000 habitantes no figura en las estadísticas oficiales. A estos datos habría que añadir dos asesinatos cometidos en Berja y otro en Las Negras (Níjar) durante el mes de agosto, lo que elevaría aún más la dimensión real de la violencia en territorio almeriense.

En la comarca del poniente almeriense «se han vuelto habituales los tiroteos y las muertes por armas de fuego». Así lo denunciaba la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) tras el episodio violento que se produjo en junio entre dos clanes donde murió por dos disparos un joven. La víctima del crimen, de 23 años, estaba vinculada a la conocida organización de Los Lateros, un grupo que fue parcialmente desarticulado en 2024 por su implicación en el petaqueo.

La elección de Adra no es casual. Su puerto ofrece discreción, su entorno agrícola justifica la presencia habitual de camiones cisterna y la cercanía a la autopista facilita el movimiento rápido de mercancías. El modo de proceder consiste en la recogida fraccionada de gasolina en estaciones de servicio y su traslado en vehículos no autorizados hasta puntos de almacenamiento clandestinos.

Por cada garrafa de gasolina de 25 litros se paga en alta mar entre 300 y 500 euros, mientras que en tierra apenas cuestan 50 euros. «Las mafias van a más y se sienten impunes», advierte el portavoz de AUGC en Almería, Víctor Vega, que reclama más agentes, más medios y una reforma legal que considere delito el petaqueo, no sólo una infracción administrativa.

«Las redes delictivas actúan con un total sentimiento de impunidad y disponen de medios cada vez más sofisticados, lo que pone en sobre la mesa la triste realidad de que les sobra el dinero y les faltan frenos. En cambio, los guardias civiles que deben enfrentarse a estas mafias lo hacen con recursos obsoletos y escasas dotaciones de agentes, embarcaciones y vehículos. No estamos hablando de una lucha justa, estamos jugando en ligas muy distintas», manifiesta el portavoz de la asociación IGC Independientes de la Guardia Civil, Daniel Fernández.

El Ejido, Adra, Berja y La Mojonera están en el foco de una investigación administrativa que afecta a varias estaciones de servicio. La Delegación territorial de Industria, Energía y Minas de Almería ha abierto expedientes sancionadores en los últimos meses a siete gasolineras no atendidas. Los procedimientos se han iniciado tras recibir actas de la Guardia Civil que constataban, entre los meses de febrero y mayo, repostajes de gasolina superiores a 75 litros, una práctica que podría vincularse al abastecimiento de las redes del petaqueo.

En paralelo, la Benemérita en Almería ha intensificado la vigilancia en las gasolineras con el objetivo de frenar el suministro irregular de combustible, un eslabón clave en la cadena de las mafias que operan en la provincia. La estrategia cuenta con la colaboración activa de trabajadores del sector, que aportan información y alertan sobre movimientos sospechosos.

Las principales asociaciones que representan a los guardias civiles, como AUGC, JUCIL e IGC, coinciden en denunciar una situación de falta de medios humanos y materiales que dificulta el trabajo en la provincia de Almería, donde la presión del narcotráfico, la inmigración irregular y el fenómeno del petaqueo han incrementado las necesidades de seguridad. Reclaman al Gobierno un refuerzo de la plantilla, la dotación de más recursos marítimos, aéreos y logísticos, y la equiparación salarial y laboral con los cuerpos policiales autonómicos. Además, insisten en que se reconozca su actividad como profesión de riesgo, ante el repunte de agresiones y la peligrosidad de muchas de sus intervenciones.