La asesina del niño Gabriel Cruz, en febrero de 2018 en Níjar (Almería), que cumple prisión permanente revisable en la cárcel de Brieva (Ávila) ha vuelto a protagonizar un nuevo escándalo que salpica a Instituciones Penitenciarias. Tal y como había denunciado la madre de ... la víctima, Patricia Ramírez, la responsable de la muerte de su hijo habría tenido acceso a privilegios y tratos de favor en la prisión.
A raíz de los escritos de Patricia ha comenzado un proceso que ha llevado a Ana Julia Quezada a sentarse de nuevo ante un juez. Los informes defienden que la condenada por el asesinato de Gabriel Cruz había mantenido sexo con un funcionario de la prisión y con el cocinero. Estas relaciones podría haberlas grabado con el teléfono móvil que le facilitaron para «intentar chantajear» a la dirección del centro penitenciario y conseguir así su traslado a Barcelona.
Quezada ha confirmado ante el juez que mantenía relaciones sexuales con un funcionario a cambio de favores. El programa de televisión 'Vamos a ver' de Telecinco ha mostrado este martes en exclusiva el vídeo de la declaración en el que reconoce esos encuentros íntimos.
Ana Julia ha declarado que esas relaciones «a veces eran consentidas y otras no», según su testimonio «no le podía decir que no, porque es un funcionario». «Nos veíamos cuando el tenía guardia por las noches y entre las tres y las cinco que llegaba su compañero y estaba solo», ha afirmado. Respecto a los regalos que el funcionario le entregaba a cambio, ha manifestado que se trataba de «perfume, chocolate, crema y cositas».
En cuanto al móvil, según las declaraciones que recoge el vídeo emitido por Telecinco, Quezada lo habría conseguido a través del cocinero, ya que ella trabajaba en la cocina. «Me lo hizo llegar uno de los cocineros, tuvimos un lío», ha dicho. De esta forma, ha relatado que el teléfono se lo entregó la pareja de Ana Julia en la calle para que a su vez se lo hiciera llegar a ella.
El interrogatorio se produce en el marco de la investigación por un presunto delito de cohecho, del artículo 443.2 del Código Penal, que dirige el Juzgado de Instrucción número 4 de Ávila contra varios funcionarios de la prisión que habría favorecido a la reclusa la tenencia de un teléfono móvil a cambio de favores sexuales. Estos trabajadores han dejado de prestar servicio en el penal de Brieva a raíz de estos hechos al haber sido suspendidos de funciones.
En uno de los informes de la directora del la prisión reconocería que tuvo «conocimiento de datos de especial relevancia sobre la interna» a través de un educador. «La interna manifiesta tener un móvil con una serie de grabaciones, entre ellas, imágenes de vídeo en las que aparece el funcionario en su celda«, recoge el informe hecho público de la directora.
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