Acusado de asesinar brutalmente a su expareja en Almería: «Estuve en un salón de juegos y en la playa; no fui yo»

Ha asegurado a preguntas de la fiscal y ante el jurado popular que «no estuvo esa noche» en la calle Pintor Rosales, escenario del crimen, y que se «enteró de que estaba muerta por la mañana, a la hora de la comida y no por llamadas al móvil de madrugada, porque lo apago cuando duermo», según ha apuntillado.

D.C., para quien las acusaciones piden penas que suman 28 años de cárcel, ha indicado que «es mentira que merodease por dónde estaba» su expareja desde que fue excarcelado tras ser condenado por quebrantar una orden de alejamiento y por malos tratos, como trasladaron al juez de instrucción «varios testigos» como compañeras de trabajo de la víctima.

«Nunca me acerqué a ella desde que salí de prisión, ningún día me puse en contacto con ella ni le pedí explicaciones porque tenía prohibido acercarme«, ha contestado a la fiscal, ante quien sí ha reconocido que «sabía de la vida» de su expareja porque «los inquilinos» que vivían con ella «en mi casa me informaban de todo lo que hacían. Me llamaban, pero no me interesaba», ha dicho.

El procesado, antes de comenzar el interrogatorio, ha pedido «disculpas por hacer perder el tiempo al tribunal porque no he sido yo» y ha solicitado al presidente permiso para «tocar» el arma homicida -un piedra de cinco kilos de hormigón que se le ha mostrado al jurado- porque, según ha afirmado, «me duele que eso matara a mi pareja».

Ha manifestado que «siempre ha sabido los sitios que frecuentaba» Inmaculada Z.M.O. y «todo lo que hacía porque era mi mujer», y ha rechazado que le pidiese que abandonase la «prostitución. Le decía eso porque estaba enferma y yo, como pareja, tenía derecho a opinar», ha apuntillado.

Sobre la presencia de una sudadera negra de su propiedad en el escenario del crimen y que, de acuerdo a las acusaciones, usó para esconder «la piedra» y abordar «por sorpresa» a la víctima, ha dicho que «no sabe cómo llegó allí», pero que «la dejó en su casa y también la utilizaba a veces ella».

A preguntas del letrado de la defensa, el procesado ha aludido a que tiene «mucha enemistad» con la «familia» de su expareja a raíz de la ruptura, ha asegurado que a ella «le dieron papeles tras la denuncia por malos tratos» y que si tenía «problemas con otras personas, no se lo iba a contar a nadie. Ella era muy discreta con sus cosas», ha concluido.

Según sostiene la fiscal, quien ha pedido en su alegato inicial a los integrantes del jurado popular que «hagan justicia» con Inmaculada Z.M.O. con cuya vida acabaron «de forma premeditada, deliberada y aumentando su dolor innecesariamente», el acusado la acechó en una calle que sabía que ella recorría a la salida del trabajo y le dio presuntamente con una piedra de «dimensiones desproporcionadas en la cara múltiples e incesantes golpes».

Mantiene que «aumentó de manera intencionada su dolor», ya que le propinó, tal y como ha remarcado en esta primera sesión del juicio, «no uno, ni dos, ni tres, sino hasta cuatro» golpes con la piedra de hormigón en el «rostro hasta que logró hundírselo y desfigurarlo» para, a continuación, dejarla en la vía pública y emprender la huida.

«Aquella noche del 5 de junio de 2021, harto de seguirla y de molestarla fue hasta la calle Pintor Rosales de Roquetas de Mar, pequeña, con coches a ambos lados, y aprovechó la oscuridad de la noche para ensañarse con ella hasta la muerte, hasta dejarla totalmente irreconocible. La mató, además, aprovechando su condición de mujer», ha subrayado en sala.

En el proceso penal con tribunal con jurado contra D.C. también está personada la Junta de Andalucía, que se ha adherido a la acusación de la Fiscalía ante la «brutalidad» que se «cometió con Inmaculada Z.M.O.», quien el momento de su asesinato tenía 42 años y tres hijos mayores de edad.

Por su parte, la defensa ha argumentado en su alegato inicial para justificar que la geolocalización del móvil sitúe a su patrocinado en la escena del crimen que «trabaja» en un salón de juegos «cerquísima».

«No está acreditado que él sea el responsable de esta muerte atroz porque los testigos se contradicen, los informes periciales también están llenos de contradicciones y no se ha probado que la persiguiera o que estuviera esa noche en el lugar de los hechos», ha trasladado.

Las acusaciones atribuyen a D.C. la comisión de un delito de asesinato con las agravantes de parentesco y de discriminación por razón de género por el que interesa 25 años de cárcel, otro de quebrantamiento de condena por el que pide un año de prisión, y un tercer delito de coacciones en el ámbito de la violencia sobre la mujer por el que solicita 24 meses de prisión.

En su escrito de acusación, el fiscal indica que la víctima rompió la relación de tres años «a consecuencia del maltrato desplegado» por el procesado sobre ella »movido por los celos« y que fue condenado en firme por ello, por lo que tenía en vigor una prohibición de acercarse a menos de 500 metros.

Añade que, desde que fuese excarcelado en abril de 2021, la sometió presuntamente a acoso para «forzar su encuentro y retomar la relación», y también, para «coartar su tranquilidad emocional» con «un total desprecio a la resolución judicial» que le obligaba a permanecer lejos de ella.

El Ministerio Público detalla que habría acudido de «forma continuada» a los domicilios y casas en los que Inmaculada Z.M.O. trabajaba, habría generado «altercados con sus compañeras», la habría «seguido a cualquier lugar que fuera» y que la habría esperado «para acecharla» y «recriminarle que había entrado en prisión por su culpa», además de «ponerse en contacto» con «familiares y amigos» para que «volviese con él».

Toda esta situación obligó a la víctima «a cambiar los recorridos que hacía habitualmente» en su vida diaria y «perturbó» no solo el «desarrollo de su día a día cotidiano, sino también el de los compatriotas que trabajaban con ella, causándole temor y angustia ya que el procesado tenía el propósito continuado de atentar contra su integridad física«.

Inmaculada Z.M.O. falleció a causa de traumatismo craneoencefálico severo y una hemorragia subdural traumática con lesiones craneofaciales «que le originaron una importante inflamación con deformidad».

Al margen de la pena privativa de libertad, el fiscal interesa que se le imponga la medida de libertad vigilada por periodo de diez años y que se le prohíba acercarse a los tres hijos de la víctima a menos de 500 metros por un periodo de 30 años, al tiempo que pide el pago de 100.000 euros de indemnización a cada uno de ellos.