Alertan del aumento de mujeres y menores en los asentamientos de Huelva y Almería, en los que malviven más de de 12.000 migrantes

El informe, que ha sido presentado este martes en Sevilla, ha sido confeccionado con un trabajo de campo realizado por investigadoras de APDHA y que ha sido cofinanciado por el proyecto Tejiendo Derechos (WakeUpRights) de la Unión Europea y Oxfam Intermón en el marco del programa Ciudadanía, Igualdad, Derechos y Valores (CERV) de la UE.

Apdha ha querido poner el foco en esta ocasión en las «condiciones infrahumanas» que soportan miles de personas trabajadoras migrantes en Andalucía, quienes, vinculadas a la industria agroalimentaria de las provincias de Almería y Huelva, se ven obligadas a vivir en asentamientos de infraviviendas.

Un equipo de investigadoras de Apdha han podido así conocer de primera mano la realidad de los asentamientos mediante entrevistas con estos migrantes y con entidades y colectivos que les brindan ayuda y apoyo, y sostienen que lo han intentado con los responsables de las administraciones públicas, «que obvian sus obligaciones para con estas personas y miran hacia otro lado mientras se vulneran sus derechos más elementales».

Según el estudio, que en Almería se contabiliza en estos asentamientos un 22,3% de población extranjera y en Huelva un 10,57%, pero la asociación reconoce que las cifras reales podrían ser mucho más altas «debido a la falta de datos sobre personas en situación irregular» ya que salvo en Lepe, no se les permite el empadronamiento.

Vásquez ha censurado que aunque la agricultura intensiva es el motor económico de ambas provincias andaluzas, que genera grandes beneficios económicos, «las condiciones laborales de los trabajadores migrantes son sumamente precarias».

La investigadora de APDHA ha apuntado que son muchos los problemas que afronta cotidianamente este colectivo, entre los que destacan infraviviendas construidas con materiales desechados como plástico, cartón o paléts, la falta de agua potable, electricidad y saneamientos, la cronificación de la situación para las personas que residen permanentemente en estos lugares, la vulnerabilidad de los niños, mujeres y jóvenes ex tutelados, problemas de salud vinculados a condiciones de vida insalubres, la permanente amenaza de incendios, la dificultad para obtener atención sanitaria o problemas para la escolarización de los menores.

En estos enclaves, los incendios son frecuentes, y ha recordado que los migrantes que vivían en el asentamiento de Lucena que fue pasto de las llamas en diciembre y que lo perdieron todo, han sido realojados en una iglesia.

En dicho estudio, la asociación también recoge los datos de llegadas de migrantes de manera irregular a España y Andalucía durante 2024. Según ha indicado, Andalucía sigue siendo el territorio donde más han descendido las llegadas durante 2024. Han sido 5.560 personas frente a las 9.788 que lo hicieron en 2023.

Quienes lo han hecho durante 2024 salieron mayoritariamente de Argelia y proceden de Marruecos, ante la imposibilidad de salir de Alhucemas o Nador.

Por la ruta de Alborán, la mayoría de las llegadas se han realizado por Almería. Han sido 4.265 personas en 343 embarcaciones, seguida de Granada, con 695 personas en 43 embarcaciones y para finalizar Málaga, con 64 personas y tres embarcaciones. A las costas de Cádiz llegaron 536 migrantes.

La asociación ha sido muy crítica con las políticas migratorias de la Unión Europea y del Estado español que, según Macarena Olid, vicecoordinadora de la entidad, «están condenando cada año a miles y miles de personas a utilizar las rutas más peligrosas, en las que deben jugarse la vida a bordo de precarias embarcaciones, para ejercer su legítimo derecho a migrar, reconocido como tal en la Declaración Universal de los Derechos Humanos».

Ana María Rosado, coordinadora del Informe Frontera Sur, ha analizado los datos del Balance Migratorio, «que sitúan 2024 como el segundo año de toda la serie histórica con más llegadas a la frontera sur española, con un total de 64.048 personas que llegaron tanto por vía marítima como terrestre, habiendo accedido a territorio español hasta un 75% a través de la ruta canaria».

Rosado ha explicado que «en 2024, de media, cada día accedieron a territorio español por vías irregulares 175 personas, de las cuales 128 lo hacían a alguna de las Islas Canarias, 15 accedían por Andalucía, 24 por la ruta de Levante y 8 lo hacían a Ceuta y Melilla».

La coordinadora del Informe Frontera Sur ha explicado que «durante 2024 se han registrado al menos 2.465 personas que han perdido la vida o han desaparecido para siempre intentando acceder al territorio del Estado español», precisando que «más del 75% de esas personas fallecidas lo han hecho mientras transitaban por la ruta canaria, la más mortífera y que se ha convertido casi en la única posible para las personas procedentes de África occidental».

Rosado apunta que «el incremento de llegadas en la ruta canaria es inversamente proporcional al descenso en las llegadas a las rutas que conducen hasta la península, a excepción de la ruta de Levante, que ha experimentado un incremento por las llegadas a Baleares».

La coordinadora del Frontera Sur señala que «no se trata de algo nuevo, sino que es un cambio que se lleva produciendo claramente desde 2019, coincidiendo con el reforzamiento de los acuerdos suscritos con Marruecos».

Rosado ha lamentado por otra parte «el bochornoso espectáculo del pasado verano, cuando, por intereses políticos, algunos partidos han instrumentalizado y han mercadeado con la infancia migrante o con las personas que desplazadas desde las Islas Canarias hasta la península».

Pero también ha destacado que «justamente durante los últimos cinco años se concentran casi 11.000 muertes de las 19.363 que hemos podido registrar desde APDHA durante los últimos 37 años», lo que viene a señalar que «las políticas de militarización y externalización de fronteras en terceros países ha empeorado la situación de las personas que necesitan acceder a territorio seguro, al tiempo que tenemos un sistema de asilo cada vez más restrictivo y prácticas que, como las devoluciones en caliente, vulneran sistemáticamente los derechos humanos».

«Estos datos que hoy presentamos confirman el fracaso absoluto de las políticas migratorias europeas», ha sentenciado Rosado.