Asentamientos chabolistas: guetos consolidados desde hace 30 años en Andalucía

Las situaciones de vulnerabilidad detectadas son múltiples. El acceso a ayudas y productos de primera necesidad es muy limitado. Cada vez hay más mujeres, muchas de las cuales se convierten en víctimas de la trata. También aumentan los menores extutelados. Sobreviven entre plásticos y basura, carecen de servicios básicos como agua y electricidad. Tampoco hay redes de saneamiento para las aguas residuales, por lo que se originan focos de insalubridad que agravan los riesgos de enfermedades.

En los alrededor de 90 asentamientos irregulares de ambas provincias malviven alrededor de 6.000 personas, el 60% de las cuales está en situación irregular, por lo que no pueden obtener los permisos de residencia y trabajo, lo que imposibilita su inclusión social.

Nadie se atreve a dar un censo exacto, primero porque muchos de sus ocupantes se mueven de un lugar y van a otro en función de las campañas agrícolas. Según el diagnóstico sobre esta realidad realizado por el Ministerio de Derechos Sociales en 2022, consultado por ABC, Almería es la provincia con mayor número de personas en estos asentamientos (3.376) y Huelva, la segunda, con en torno a 2.400.

Según datos de Andalucía Acoge, Almería concentra 59 asentamientos: cuatro en La Mojonera, dos en Almería capital, nueve en El Ejido y el que más aglutina, con gran diferencia, es Níjar, con 44. Según Andalucía Acoge, diez de los situados en Níjar tienen más de veinte años de antigüedad y son, de facto, barrios consolidados.

En Huelva existen 30 asentamientos agrícolas en cuatro municipios: Lepe, Moguer, Palos de la Frontera y Lucena del Puerto. El que mayor número concentra es Lepe, con un censo de más de 28.000 personas y 17 asentamientos en los que malviven entre 500 y 1.000 personas. En Moguer, con un censo de más de 22.061 habitantes, hay siete asentamientos con entre 200 y 600 personas. En Palos de la Frontera, con más de 12.000 habitantes, existe un gran asentamiento en el polígono San Jorge que concentra a entre 400 y 1.000 personas. Por último, Lucena del Puerto, un pequeño municipio de poco más de 3.000 habitantes, acoge hasta 15 asentamientos con alrededor de 400 personas.

En Huelva, la mayoría de estos lugares son chabolas fabricadas con cartones, maderas o plásticos y los incendios son frecuentes. El último tuvo lugar el pasado domingo en Lucena del Puerto. Ardieron 40 chabolas y fue necesario evacuar a un centenar de inmigrantes. Además del riesgo que supone para sus vidas, estas personas pierden los pocos enseres y pertenencias que tienen e incluso la documentación, lo que aumenta aún más si cabe el sufrimiento de quienes ya viven al límite.

Según el diagnóstico elaborado por el Ministerio de Migraciones, la aparición de los asentamientos rurales, a partir de la década del 90, tiene una relación directa con la transformación de la agricultura intensiva en invernaderos y las necesidades habitacionales de la mano de obra que acude a esas zonas, con picos y valles de demanda de mano de obra poco cualificada.

Almería fue de los primeros territorios donde se dio esta realidad al comenzar el desarrollo del modelo de la plasticultura. «La necesidad de estar próximos a los terrenos de cultivo para acceder al trabajo justo cuando el empleador lo demanda, en función de la maduración de los frutos, y la ausencia de contratos de trabajo impide el acceso al arraigo social o la formalización de contratos de alquiler; inician una espiral de exclusión que unida a los factores de discriminación étnico racial que afectan de forma transversal al acceso a la vivienda de la población migrante en España», destaca el documento de Andalucía Acoge.

Añade que una gran parte de quienes trabajan en las campañas de Huelva y Almería disponen de contrato, alojamiento y acceso a ciertos servicios. No son los que malviven en estos asentamientos. Quienes lo hacen son aquellos que, carecen de la documentación necesaria para trabajar y no tienen posibilidad de acceder a soluciones residenciales adecuadas.