Más de 45.000 menores de seis años sufren trastornos que demandan Atención Temprana en Andalucía

Psicólogos, logopedas y fisioterapeutas son los principales especialistas que intervienen ante retrasos madurativos, del lenguaje, psicomotores, déficit de atención, autismo o asperger. Un amplio catálogo de dificultades que afectan a cada vez más pequeños que precisan contar con estrategias para desenvolverse desde la infancia.

Los propios padres, pediatras o educadores son los primeros en detectar las dificultades en el desarrollo. Los menores deben ir cumpliendo con los hitos de su crecimiento, pero hay determinadas señales de alerta que precisan de una derivación a un Centro de Atención Temprana. No se trata de enfermedades, sino de dificultades o retrasos madurativos que requieren de una actuación rápida.

Poner fin a las listas de espera que incluso rozan los doce meses es uno de los cometidos de la nueva Ley de Atención Temprana de Andalucía. Los primeros años de vida son la base del desarrollo, por eso es tan importante esta legislación. La norma se aprobó en el Parlamento Andaluz el pasado miércoles con los votos a favor de todos los grupos políticos y la abstención de Vox. Es el resultado de 16 años de reclamaciones y de ocho de negociación entre los partidos políticos.

El presidente, Juanma Moreno, cumple así con la promesa que realizó hace años a Antonio Guerrero, portavoz de un gran número de asociaciones y familias integradas en una plataforma regional. «Ya tenemos una ley que garantice los derechos de los niños que ahora mismo están naciendo en algún paritorio de Andalucía o que los están derivando desde el pediatra porque hay sospecha de autismo o cualquier otro trastorno», afirma el representante del colectivo.

La Ley de Atención Infantil Temprana de Andalucía llega casi nueve años después de que se pidiera al Gobierno andaluz. La norma supone legalizar que los menores hasta seis años tengan garantizada en condiciones de igualdad los servicios necesarios gratuitos para hacer frente a su trastorno.

El establecimiento de plazos es una de las novedades más importantes. Se marcan treinta días desde la derivación del pediatra hasta la atención en una Unidad de Atención Infantil Temprana. Aquí un médico y un psicólogo evalúan cada caso y determinan su remisión a un centro. «Esto es un logro. Hoy se dan hasta siete u ocho meses para que te digan que tu hijo tiene algún trastorno, algo de lo que ya se han percatado en el entorno familiar», explica Guerrero.

A la Plataforma de Atención Temprana de Andalucía, contentos por la ley, les hubiera gustado que el plazo para el ingreso en los Centros de Atención Infantil Temprana, conocidos como CAIT, no se hubiera fijado en noventa días. Sin embargo, parece un punto de inflexión en la demanda rápida hacia los tratamientos porque el tiempo de espera actual es más de un año o incluso dos.

Hacen falta 100 millones para cumplir con la normativa, ahora solo hay presupuestados la mitad. El compromiso del Gobierno andaluz, según la plataforma, es aumentar en 25 millones la dotación el próximo año y la misma cantidad en 2025. De esta forma, la ley estará engrasada y los menores solo dependerán de sus necesidades, no de los presupuestos.

«La administración andaluza tiene ahora mismo un serio problema. La ley está aprobada y hay muchos niños en lista de espera», denuncia Guerrero. Seguirán vigilantes para exigir a la Junta que ponga todos los medios y recursos sobre la mesa para reducir cuanto antes el tiempo en ser atendidos.

La normativa entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Se desconoce si se hará antes del desarrollo reglamentario o a posteriori. En este segundo caso se retrasaría su puesta en marcha. «Tenemos que ponernos a trabajar, no dejar que se duerma, darle vida lo antes posible y que se cuente con los agentes sociales», añade el portavoz de la plataforma.

Para cubrir la demanda de Atención Temprana es necesario aumentar el número de plazas y abrir nuevos CAIT. Estos centros se gestionan de forma privada a través de un concierto social con el Servicio Andaluz de Salud (SAS). La Junta defiende que esta fórmula ha permitido incrementar en un 25% la capacidad asistencial en esta área.

En Andalucía, la implantación de estos servicios cuenta con la participación de ayuntamientos, asociaciones y organizaciones no gubernamentales que ya desarrollan actividades dirigidas a personas con discapacidad y a sus familias. La nueva ley supondrá la ordenación de las actuaciones a través de una red integral de responsabilidad pública y de carácter universal y gratuito.

Con su entrada en vigor se asegurará la coordinación de los ámbitos sanitario, educativo y social que están implicados en la materia. Además, dará un papel fundamental a los familiares que deberán ser partícipes en el tratamiento que reciba el menor. La norma establece que serán atendidos dentro de un tratamiento integral.

Durante 2020 se atendieron a 27.686 menores en Andalucía, mientras que en 2021 se asistieron a 31.150 y en el primer semestre de 2022 a 29.092 niños. El Gobierno andaluz resalta el incremento del 44% en el presupuesto de Atención Temprana hasta los 51,5 millones de euros, así como la subida del precio de la sesión abonada a las entidades que prestan el servicio de 22 a 28 euros.

Cuando se aprobó la ley, Guerrero no desaprovechó el abrazo del presidente Juanma Moreno. «Ahora nos tenemos que poner con la ley de la segunda infancia de seis a doce años en Atención Temprana», le dijo al oído. Esta normativa se trabajará desde la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad a través de grupos de trabajo donde estarán familias y agentes sociales.