El Parlamento aprueba la Ley de Atención Temprana de Andalucía

Se trata, además, de la primera ley de la mayoría absoluta del PP que se ha aprobado en un clima cálido, de abrazos y reconocimientos no sólo de los portavoces de todos los grupos, en especial de Esperanza Gómez, de Por Andalucía a la que todos han agradecido su trabajo, sino también de multitud de entidades y asociaciones de familiares y trabajadores que han participado en la elaboración de la misma.

A pesar del importante respaldo que ha logrado la norma, los grupos parlamentarios han advertido al Gobierno andaluz que estarán vigilantes para que se cumpla lo establecido y se reduzcan los tiempos de espera de los pequeños que necesitan atención, ya que el abordaje rápido de los trastornos del desarrollo es clave para frenarlos o corregirlos.

Desde Por Andalucía, Esperanza Gómez, ha advertido que su grupo van a «estar muy pendiente de cómo se ejecuta». Su preocuación son los plazos de espera, «la intervención no puede ser tardía porque cada día que pasa en atender a niños es irrecuperable». La diputada socialista María de los Ángeles Prieto ha destacado que la norma se aprueba «cuatro años después de lo que hubiéramos querido los socialistas», y que «su redacción deja fuera algunas cuestiones importantes», a pesar de lo cual ha dado su voto afirmativo.

Desde Adelante Andalucía, José Ignacio García (que este miércoles ha tomado posesión como diputado tras la salida de Teresa Rodríguez) ha pedido fondos suficientes en el Presupuesto de la Junta para poder llevar a cabo los programas de atención temprana a todos los pequeños que los necesitan, mientras que la representante de Vox, Ana María Ruíz ha lamentado que esta norma «se apruebe a medias, beneficiando a unos niños sí y a otros no», ya que «se ha excluido» del «derecho» a la atención temprana de aquellos «que alcanzan la edad de seis años, cuando sabemos la necesidad de que estos niños continúen con su tratamiento«, según ha advertido antes de criticar que esa »división entre primera y segunda infancia« obedece únicamente a »un criterio económico«.

Desde el PP, Beatriz Jurado ha reivindicado a los niños como «los verdaderos y únicos protagonistas» de esta jornada junto «con sus familias», quienes «cada día durante muchos años han peleado y luchado» por este «día simbólico», en el que el Parlamento andaluz. Asimismo ha destacado que es fruto del consenso y de un «concierto social» y ha explicado que el Gobierno ha aceptado 53 enmiedas de todos los grupos políticos para mejorar el texto original.

La ley define la atención temprana como «el conjunto de intervenciones dirigidas a las personas menores de seis años, a la familia y al entorno, que tienen por objeto dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan las personas menores con trastornos en su desarrollo o que tienen el riesgo de presentarlos». Estas intervenciones, «que deben considerar la globalidad de estas personas, han de ser planificadas por un equipo de profesionales de orientación interdisciplinar o transdisciplinar».

El título I de la ley contiene el régimen de los derechos, obligaciones y garantías de los usuarios del servicio de atención temprana, mientras que en el título II se define el modelo de atención temprana en Andalucía y se explican los niveles de intervención y las modalidades de actuación. Se establece, igualmente, el Plan Integral de Atención Temprana como documento público y participativo.

En el capítulo II se define la Red Integral de Atención Temprana, indicando los recursos que la conforman, y se establecen las actuaciones del Sistema Sanitario Público de Andalucía y de las consejerías competentes en materia de educación y servicios sociales.

En el capítulo III se define el procedimiento para el acceso a los servicios de atención temprana, mientras que el título III regula la coordinación en la atención temprana, definiendo los protocolos de coordinación, los órganos colegiados de coordinación y participación, el sistema de información, así como el régimen de protección de datos y confidencialidad.

La ley distingue entre infracciones «leves», «graves» y «muy graves», y gradúa sanciones «en grado mínimo, medio o máximo» atendiendo a una serie de criterios como la «gravedad» de la infracción o de los «perjuicios causados», así como el «riesgo para la salud o la seguridad de las personas», el número de personas o entidades afectadas, el beneficio obtenido, el «grado de intencionalidad y reiteración» o la «reincidencia, por comisión en el plazo de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa».