Los doce trabajos de Susana

Es la prioridad absoluta y un compromiso incumplido por la presidenta. Andalucía tiene más de un millón de parados, con una tasa de desempleo por encima del 30%, diez puntos más de la media nacional. Los porcentajes son indignantes en lo que se refiere a paro juvenil. Ni siquiera los planes de empleo promovidos por la Junta antes de las elecciones con carácter temporal para mayores y menores de 30 años han roto la barrera del millón. La consejería tiene previsto reeditar este modelo y otros similares, —mayores de 45 años y «retorno del talento»—. Pero el empleo subvencionado solo es una medida coyuntural. Despojado de otros artificios, el nuevo enunciado de la Consejería queda unido a Empresa y Comercio. El consejero Sánchez Maldonado tendrá así más fácil demostrar que el Gobierno apuesta por la iniciativa privada. La captación de inversiones debe estar en las primeras páginas de la agenda . La salida de formación profesional de Educación a Empleo, le ofrece un instrumento más de intervención, pero le señala como sucesor de Luciano Alonso para rendir cuentas sobre el fraude de los cursos, cambiar el sistema y pedir el reintegro del dinero. Organismos implicados en los Ere, avales y cursos siguen bajo su tutela.

La piedra angular para asegurar el compromiso del sostenimiento de los servicios básicos de Andalucía será el Presupuesto. A las angustias económicas y la cuantía de la deuda que acumula la Junta se suma otro inconveniente: tendrá que convencer a parte de la oposición para que le aprueben el proyecto o la acción de gobierno quedará bloqueada. María Jesús Montero tendrá que asegurar la cobertura económica de buena parte del pacto de investidura si quiere contar con el apoyo de los diputados de Ciudadanos. Y esto significa gastar más e ingresar menos. En la agenda la prometida rebaja de entre 2 y 3,5 puntos en el tramo autonómico del IRPF para clases «medias y bajas», además de los nuevos incentivos fiscales para empresas. Tendrá que controlar el gasto público, un objetivo contrario a los proyectos en cartera, entre ellos hacer frente a los compromisos de recuperación de derechos de los funcionarios. El adelgazamiento de la Administración se ha convertido en una urgencia. Cada día la Junta de Andalucía emplea 28 millones de euros en pagar a su personal, la enorme maquinaria que emplea a 273.634 personas, sin que se conozcan en todos sus extremos l as dimensiones reales de la llamada administración paralela.

Una de las consejerías claves en cuanto a compromiso social de la Junta. El consejero Aquilino Alonso se propone buscar mayor «complicidad» con los profesionales y pacientes . Le servirá para acallar las críticas a los recortes encubiertos que merman la elevada calidad de la sanidad andaluza. Como retos se encuentran la aplicación de numerosos programas incluidos en el pacto de investidura como la contratación de entre 400 y 500 profesionales con los que culminar el plan de mejora de las Urgencias Hospitalarias. En cuestión de listas de espera debe reducir a 90 días las referidas a cirugía cardiaca y definir plazos para la reproducción asistida. Debe extender el cribado de cáncer colorectal y el consejo genético para la prevención del cáncer de mama; desarrollar un programa de detección precoz de enfermedades neurodegenerativas, crear una Unidad de Trasplante Intestinal y Multivisceral y ampliar a treinta enfermedades hereditarias las técnicas de diagnóstico preimplantatorio. Otro problema es la oposición de sectores políticos y profesionales sanitarios a la subasta de medicamentos y sobre todo reactivar el plan de infraestructura finalizando el Parque de la Salud de Granada y el Hospital Militar de Sevilla, entre otros.

La música de fondo va a ser previsiblemente el frente anti-Lomce. La consejería corre el riesgo de que todo se quede en confrontación, con los habituales conflictos con las clases de religión o el acoso a la enseñanza concertada. Se habrá perdido otra legislatura. La letra que debe demostrar el compromiso de mejora de los servicios público tendrá que incluir un plan de mejora de centros con la eliminación de las caracolas en las que todavía estudian 6.500 escolares andaluces. La consejera Adelaida de la Calle promete un cambio en Primaria pero tiene abiertos muchos frentes con los profesionales y no solo laborales, cada vez son más los que denuncian una «bunkerización»del sector.

La nueva asociación de Economía y Conocimiento otorga a la Consejería del rector Ramírez Arellano uno de los trabajos más complicados: no defraudar y convertir a las universidades andaluzas en un motor de desarrollo y creatividad al servicio de la sociedad. De momento tendrá que hacer frente al pago de la deuda con las universidad, que en su día calcularon en torno a los 700 millones de euros. El consejero sabe como pocos cuanto lo necesitan los campus andaluces. Se presume que entre sus cometidos está impulsar el eje Sevilla-Málaga necesario para la vertebración de Andalucía y que la Junta ha sido incapaz de fomentar durante tres décadas.

Otra consejería que ha tenido más música que letra. Los desahucios van a ser machacona melodía en la estrategia del Gobierno para evitar entregar la partitura a los movimientos de la izquierda radical. Las primeras iniciativas del Gobierno así lo demuestran. Mientras, para demostrar un verdadero compromiso con la vivienda, la Junta debería poner orden en su parque de viviendas sociales y reconducir los planes de vivienda protegida. Pero el gran reto de Felipe López es reactivar la obra pública. Minutos después de anunciarse la composición del nuevo Gobierno el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción reivindicaba 2.800 millones de euros de inversión pública para poder hablar de una recuperación verdadera del sector y una ocupación aproximada de 225.000 trabajadores.

Hay mucho trabajo para dar dignidad a las condiciones de trabajo en la que los profesionales de la Justicia deben impartirla. El caso de la Ciudad de la Justicia de Sevilla es uno de los más evidentes. De Llera ya ha dicho que con el nuevo alcalde de Sevilla será más fácil. Otros proyectos esperan igualmente, como la continuidad de la informatización. Esperemos que la labor que en la sombra que hace De Llera en tareas de defensa de la Junta frente a las macrocausas y la juez Alaya le deje tiempo para impulsar estas mejoras.

La exconsejera Elena Víboras dinamitó el consenso con el Gobierno central en materia de Agricultura que había establecido su antecesor Luis Planas. Mejorar las condiciones para que el mercado retribuya dignamente a los productores; recuperar el apoyo al plan de seguros agrarios (un sistema que funciona en España desde hace 36 años y que permite ahorrar a nuestras Administraciones miles de millones de euros); aplicar eficazmente la nueva PAC; fomentar una política hidráulica que dé estabilidad y cohesión al territorio... Todo ello son medidas esenciales que necesitan del consenso con el Ministerio de Agricultura y los propios productores. El reto de Carmen Ortiz, nueva consejera, es abandonar la confrontación política para volver a poner la consejería al servicio de los empresarios agrícolas y el desarrollo rural.

Greenpeace ha puesto tarea al nuevo consejero de Medio Ambiente en su propia casa con sus objeciones a la fórmula elegida para la restauración de las balsas de fosfoyesos de Huelva, un asunto que conoce muy de cerca el consejero onubense que ayer se subía al «Artic Sunrise» para entrevistarse con el referido colectivo ecologista internacional. El departamento de José Fiscal tiene más asuntos urgentes, como la construcción de trescientas depuradores e infraestructuras de saneamiento para cumplir objetivos medioambientales de calidad de las aguas que marca Europa y evitar cuantiosas multas. Y todo sin perder de vista las competencias en Ordenación del Territorio, fundamentales para desbloquear proyectos urbanísticos y económicos en toda Andalucía... o paralizarlos.

Duro trabajo el que tiene que hacer la consejera de Políticas Sociales para ir incorporando medidas de atención a personas con dependencia «moderada», cuando se siguen incumpliendo los compromisos con los grandes dependientes. La petición de un Pacto de Estado para aclarar la financiación no puede ser una excusa para no atender los compromisos adquiridos. Convertir el asunto en un conflicto entre las administraciones como lo fue con los Ayuntamientos en la última legislatura no ayudará a la credibilidad de una consejería que sin el peso de Salud puede lucirse.

Francisco Javier Fernández tiene en sus manos el sector que mejor funciona. Andalucía recibió en 2014 a más de 8,5 millones de turistas extranjeros (un 7,8% más que el año anterior) y los números del primer trimestre de 2015 siguen esta tendencia, puesto que fue la región que más creció, al recibir a 1,3 millones de visitantes foráneos. La bonanza no debe ocultar algunas tareas urgentes, como modernizar la planta hotelera actual y adaptar la oferta andaluza a las nuevas tendencias del mercado.

Sólo la lista de temas pendientes en Sevilla da trabajo para toda la legislatura. Habrá que retomar la fundación del Museo de Bellas Artes, el proyecto de las Atarazanas, el Centenario Murillo... Es previsible que a Rosa Aguilar le deje tiempo su competencia en Memoria Histórica para ejercer la memoria en general e iniciar las obras del Museo del Flamenco de Jerez, finalizar el conjunto de Dólmenes de Antequera, recuperar el Plan «Flamenco por venir», que sigue por venir, o para enmendar los recortes presupuestarios de la red de bibliotecas. Tiene la llave para que la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales sea lo que promete antes que una agencia de colocación.