Alaya suspende las declaraciones de 35 nuevos imputados de las ayudas de la Sierra Norte al prescribir delitos

En una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada suspende las declaraciones para resolver antes la petición planteada por la Fiscalía, que ha solicitado a la instructora que «declare la prescripción de las conductas de aquellos imputados perceptores de ayudas directamente o en nombre de personas jurídicas cuyo importe sea claramente inferior a 450.000 euros siempre y cuando desde la fecha del último pago de la ayuda» al dictado del auto de imputación del 6 de febrero «hayan pasado más de 10 años».

El Ministerio Público considera que, en esta situación procesal, se encontrarían hasta 12 de los nuevos imputados -uno de ellos ya fallecido-, por lo que Alaya da traslado de la petición del fiscal a las acusaciones particulares y populares «a fin de que en el término de tres días manifiesten a lo que su derecho convenga en relación con la posibilidad, en determinados casos, de la prescripción de las conductas delictivas imputadas» y suspende las declaraciones programadas «hasta tanto se resuelva».

En este caso se encontrarían doce de los 35 imputados, según la Fiscalía, que solicita que se les llame a declarar pero en calidad de testigos.

Si se atiende a su solicitud, la Fiscalía pide que se exija la devolución íntegra de la ayuda a la persona física o jurídica que se benefició del dinero.

Tras examinar el atestado policial de la Sierra Norte, la Fiscalía pide la imputación de otras seis personas que recibieron ayudas para sus empresas y que no estaban incluidas en la lista de 35 acusados.

Además, la juez ha conocido que uno de los 35 imputados de su auto del 6 de febrero pasado ha muerto, por lo que «se declara extinguida la acción penal» contra él, «sin perjuicio de la acción civil que en su caso pudiera corresponder contra sus herederos y causahabientes».

Las declaraciones de los 35 imputados, entre ellas las de una monja que fue presidenta de una cooperativa textil antes de entrar en un convento, estaban previstas entre hoy y el viernes 27 de marzo, con siete personas citadas cada día por la juez.