La policía ha interrogado ya a 500 alumnos de cursos de formación

De hecho las pesquisas están, según parece, muy avanzadas y se espera que en las próximas semanas (probablemente a finales de este mes de enero) la UDEF remita su informe de ampliación sobre la investigación tal y como le había pedido el juez Juan Gutiérrez Casillas a instancias de la Fiscalía Anticorrupción.

Pues bien, durante estos meses los agentes han interrogado a varios cientos de alumnos que asistieron a los citados cursos de formación que contaron con subvenciones especiales de la Delegación Provincial de Sevilla y sobre los que se intenta dilucidar si hubo irregularidades similares a las que investigan otros juzgados de toda Andalucía.

Así la investigación que dirige Juan Gutiérrez Casillas está centrada en las subvenciones que se dieron desde el año 2009 a empresas de Sevilla. En esas pesquisas, en las que se ha puesto el foco sobre una treintena de empresas, los agentes intentan dilucidar si en la concesión de esas ayudas pudiera haber indicios de delitos de prevaricación y cohecho y una supuesta connivencia entre quien dio la subvención y quien la percibió.

En esa línea y basándose en el decreto 335/2009 que regula la ordenación de la Formación Profesional y las bases para la concesión de ayudas, la policía está investigando el modus operandi de la Delegación Provincial de Sevilla a la hora de conceder el dinero a las empresas de formación a partir de una resolución de la Junta de Andalucía del año 2011.

De esta forma las pesquisas indagan todo el procedimiento: desde la convocatoria de la citada subvención hasta el modo en el que se otorgó finalmente el dinero.

Entre las irregularidades que están siendo investigadas y que, al parecer, se aprecian hasta ahora, destaca la falta de capacidad de algunas empresas para poner en marcha los citados cursos de formación.

Pero también se han encontrado con ayudas otorgadas a entidades que tenían deudas con la Seguridad Social o el hecho de que, en muchos casos, no se producía la concurrencia competitiva que debe darse en estas subvenciones sino que se otorgaban de forma arbitraria.

Igualmente entre las irregularidades que los agentes indagan se encuentra saber si estas entidades cumplieron el compromiso que habían adquirido previamente con la administración de que al finalizar la formación el 60 por ciento de los alumnos debían tener al menos seis meses de contrato de media jornada.

Aunque será la Policía la que determine el montante total de las subvenciones investigadas, en un principio la policía tienen puesta su lupa sobre un montante de unos cuatro millones de euros en subvenciones otorgadas a partir del año 2011. En cualquier caso, en esta investigación hay subvenciones elevadas pero también se han encontrado otras de menor cuantía que no llegarían a los 120.000 euros estipulados para que se trate de un delito fiscal.

Hasta ahora se ha indagago a una treintena de empresas, todas ellas radicadas en la provincia de Sevilla. Las hay de todo tipo: desde peluquerías a laboratorios agropecuarias, desarrollos de franquicias o incluso una asociación de caballos. El informe de la policía arrojará más luz sobre el caso.