Una empresa que vejaba a discapacitados recibía ayudas de la Junta

«Se han sentido maltratadas, humilladas, acosadas y estafadas», resumió la Federación Granadina de Discapacitados Físicos y Orgánicos (Fegradi) en un informe remitido al Fiscal Superior de Andalucía, Jesús García Calderón, quien abrió diligencias en junio de 2011 ante el cúmulo de irregularidades descritas. Basándose en la documentación aportada por Fegradi y Comisiones Obreras, Calderón hizo constar en un decreto el «sometimiento de los trabajadores contratados a condiciones laborales que, de acreditarse, podrían considerarse vejatorias o contrarias a la legislación laboral y a las normas en materia de prevención de riesgos laborales».

El catálogo de desmanes es extenso y muestra la cara más sórdida del descontrol instalado durante años en la antigua Consejería de Empleo con las ayudas para los desempleados. Las alarmas no saltaron hasta que el sindicato denunció los hechos en junio de 2011. Fue entonces, una vez que la sociedad —que operaba en las provincias de Jaén, Granada y Málaga— anunció el cierre de su centro de trabajo en la capital granadina, cuando la Administración regional empezó a solicitar la devolución de subvenciones. Pero, inexplicablemente, tardó más de un año en retirarle la calificación de Centro Especial de Empleo que concedió a la empresa por tener una plantilla integrada al menos por un 70% de discapacitados, lo que le daba derecho a recibir fondos públicos. Lo confirma la propia letrada de la Junta de Andalucía, María del Rocío Salvín, en otro escrito que forma parte del voluminoso sumario del fraude de los cursos de formación que instruye la juez sevillana Mercedes Alaya. La abogada autonómica formula su acusación contra la empresa MKF tras detallar cómo el Servicio Andaluz de Empleo fue «regando» con subvenciones a la contratación a la sociedad: entre 2008 y 2010 pagó hasta 1,3 de los más de 1,5 millones de euros que le había otorgado.

Durante tres años consecutivos, la empresa de telemarketing habría estafado supuestamente a los trabajadores y engañado a la propia Junta. En concreto, financió con fondos públicos contrataciones de 95 trabajadores que «luego resultaron ficticias, pues los citados trabajadores, después de ser contratados por tiempo indefinido y haber sido dados de alta en tal concepto en la Seguridad Social, eran despedidos, algunos de ellos sin haber llegado a desempeñar actividad laboral alguna». Así lo recoge la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Jaén en un escrito de acusación presentado en el juzgado de instrucción número 4 de Jaén que investiga a los administradores mancomunados de la compañía, José Moisés Martín López y Juan Eduardo de los Santos Barrañeda. En su escrito del pasado 26 de junio, que figura como una pieza separada dentro del sumario, el fiscal Alberto Manuel López pide la apertura de un juicio oral contra ambos empresarios y una pena de cinco años de prisión porque «idearon un procedimiento para defraudar a la Hacienda Pública andaluza obteniendo subvenciones que ésta ofrecía para incentivar la integración laboral de las personas con discapacidad».

El Ministerio Público estimó en 158.516,79 euros el agujero que ha dejado a las arcas públicas en Jaén y solicita la declaración como testigos de más de una decena de extrabajadores, así como de Alfredo Bolaños, jefe del Servicio de Incentivos a la Contratación del Servicio Andaluz de Empleo durante el mandato del exconsejero Antonio Fernández (imputado en la macrocausa de la formación). Situaciones parecidas se habrían producido en Málaga y Granada.