La Junta seguirá pagando subvenciones sin justificar tras el fraude de los cursos

Mantener esta excepción legal en la ley presupuestaria es especialmente relevante toda vez que la propia presidenta de la Junta, Susana Díaz, se comprometió a que a partir de ahora «no se iba a exonerar nada». Como resultado de una investigación interna que aún no ha concluido, la Consejería de Educación ha constatado un quebranto para las arcas públicas de 17,4 millones de euros correspondientes a 581 expedientes de ayudas sin justificar entre 2007 y 2013. Casi uno de cada tres cursos de formación sobre los que pesaba una resolución firme en el mes de septiembre, tenían que devolver dinero. Recuperar los fondos, tantos años después, no va a ser una tarea fácil: muchas de las empresas a las que se reclaman las ayudas ya se han disuelto.

Desde principios de la pasada década, sucesivos consejeros de varias departamentos echaron mano de la excepción que contempla la ley por motivos de interés social para que los beneficiarios pudieran acogerse a la siguiente convocatoria de ayudas de formación para el empleo. Aquello constituyó un auténtico coladero y sirvió de caldo de cultivo al fraude: la Junta no discriminaba entre un caso u otro, sino aplicaba exoneraciones por sistema para todas las subvenciones de una convocatoria.

Haciendo borrón y cuenta nueva sobre el caos de los cursos, Susana Díaz anunció otro modelo de formación profesional en Andalucía. En una entrevista concedida a Telecinco el pasado 25 de julio, la también secretaria general del PSOE-A aseguró que a partir de ahora «no se iba a exonerar nada», de manera que en la comunidad autónoma no se podrá concurrir a convocatorias de subvenciones sin haber justificado previamente las anteriormente recibidas y, en caso de que no estuvieran bien justificadas, se tendrían que devolver.

La excepción legal no es nueva, pero sí es una novedad que se mantenga esta reserva en la norma después de todo lo que ha pasado. Ya se recogía en los anteriores presupuestos, con la diferencia de que ahora se añade la coletilla de que el Gobierno deberá justificar el pago íntegro de la ayuda «cuando existan razones de interés público, social, económico o humanitario». El PP ha pedido, a través de una enmienda a las cuentas, la eliminación del apartado que da la potestad al Consejo de Gobierno de pagar ayudas sin justificar. También ha solicitado que se cree un registro con las entidades exoneradas.