El testigo clave denunció a la juez que sufrió «hostigamientos»

La petición para que el funcionario que ha sido testigo clave del sumario de la formación y que ha denunciado las graves irregularidades sea testigo protegido llegaba después de que el fiscal se mostrara conforme con la seria advertencia que la juez lanzó durante la ampliación de declaración que hizo ayer voluntariamente T. M.. Cuando el testigo se quejó de que Comisiones Obreras y la Fundación Andaluza para la Integración Social del Enfermo Mental (Faisem) han anunciado su intención de querellarse contra el por las acusaciones que ha lanzado contra ambas, la juez fue tajante en ponerse de su parte. Alaya aseguró que no va a consentir «ningún tipo de presión o coacción» hacia el funcionario y que deducirá testimonio contra quienes presenten querellas y lo investigará.

Pero esa solicitud para aplicar el programa de protección de testigos que implicaría entre otras cuestiones preservar su identidad en las diligencias, llega después de una semana en la que el testigo clave ha revelado graves irregularidades que parecen haber puesto muy nerviosa a la Junta de Andalucía, se ha retractado de algunas e incluso, uno de los días se reunió con la juez y el fiscal en una cita secreta en la que, según ha podido saber ABC, denunció haber sufrido «hostigamientos».

De hecho, T. M. ha revelado verdaderas «barbaridades» acerca de la gestión de la formación en la Junta de Andalucía que dan a la juez munición más que suficiente para seguir adelante con la macrocausa en la que ahora está centrada a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre los ERE.

De todas las cuestiones que este peculiar testigo ha contado en el despacho de Alaya durante las maratonianas sesiones, sin duda, una de las más graves es la que le llevó a decir que la CEA y los sindicatos Comisiones y UGT cobraban comisiones del 20 por ciento por subcontratar cursos de formación. Fue una afirmación que provocó la airada reacción de la patronal y los sindicatos de la que solo un día después se retractaba o matizaba. T. M. ya no era tan tajante y negaba esta acusación con respecto a los empresarios y dejaba muy difuminada la que había lanzado contra los sindicatos. Y ese mismo día era el día que se producía la misteriosa reunión secreta con Alaya. ¿Qué le pidió a la juez tras denunciar ese hostigamiento?. No ha trascendido.

Pero ahí no ha acabado la rocambolesca historia. T. M., que ganó un pleito por mobbing contra su jefe, también ha insistido en denunciar que sus superiores le impedían hacer su trabajo, que no le dejaban salir a hacer inspecciones que llegaron a prohibirle y ha disparado duras acusaciones hacia todos sus superiores. Incluso llegó a dar una lista de nombres como el del exdelegado de Empleo, Antonio Rivas, o la exdirectora general de Formación, Teresa Florido, que también es cuñada del exconsejero de Hacienda, Antonio Ojeda. Y también ha denunciado la existencia de supuestos malos tratos a discapacitados a los que mantenían en aulas a más de 50 grados y daban tranquilizantes para evitar que se quejaran por ello.

Incluso llegó a decir que en junio de 2002, los sindicatos pagaron con dinero de los cursos los autobuses para ir a Madrid a la huelga general contra José María Aznar o que el exconsejero de Hacienda, Ángel Ojeda (uno de los dos imputados hasta ahora) montó «un emporio» con la formación.

Pero, pese a que el sumario está aún en fase inicial y Alaya sigue pidiendo documentación, parece cumplirse el vaticino del exdirector de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, ante Alaya, que dijo en los cursos se movía mucho más dinero que en los ERE y, por tanto, el fraude puede ser superior.

¿Han podido ser esas graves denuncias el desencadenante de ese miedo que parece tener T. M.?. Solo la juez, que ahora debe pronunciarse sobre la petición de Anticorrupción para dar protección, maneja las claves. Hay veces que la realidad supera la ficción