El funcionario que denunció el fraude de la formación niega ahora el cobro de comisiones

Respecto a la patronal, el funcionario se ha desdicho con rotundidad de la acusación que hizo ante la juez Mercedes Alaya, y en lo referente a esa práctica por parte de UGT y CCOO, a los que también atribuyó ese cobro ilegal, su acusación ha quedado difusa, han señalado fuentes judiciales.

El funcionario, que es el principal testigo en esta causa de los fondos de formación, no ha explicado el motivo del cambio de testimonio.

Las fuentes han apuntado que el cambio podría deberse a que está «atemorizado» por el anuncio de querellas por parte de la patronal y de los sindicatos tras conocerse el contenido de su declaración de ayer.

Montes también ha asegurado, en su tercera jornada de declaración como testigo ante la titular del juzgado 6 de Sevilla, que una veintena de superiores le impedían ejercer sus funciones como supervisor de los cursos de formación.

Las fuentes han explicado que Montes se ha referido desde su inmediato jefe hasta los directores generales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), Teresa Florido y su sucesor Carlos Cañavate, y a los directores provinciales de la delegación en Sevilla de la Consejería de Empleo, Aurora Cosano y su predecesor Antonio Rivas.

En los tres días que ha declarado, cada uno durante casi cinco horas, el funcionario solo ha respondido a preguntas de la juez y está previsto que mañana jueves empiece a hacerlo con las cuestiones que le plantee la Fiscalía Anticorrupción, la Junta de Andalucía, que ejerce la acusación particular, y los defensores de los exconsejeros Ángel Ojeda y Antonio Fernández, imputados en la causa.

Montes se ha presentado ante la juez custodiado por agentes de la Guardia Civil y con una bolsa en la que contenían todos los documentos que ha presentado de quejas hacia sus superiores y por el mal funcionamiento de los cursos.

En lo que sí ha sido taxativo ha sido en no relacionar la concesión de cursos de formación y los ERE para empresas, lo que supone desdecirse de lo que declaró ante la Guardia Civil en agosto de 2013, según las mismas fuentes.

Una de las acusaciones concretas que ha hecho este mieecóles se refieren al hecho de que en algunos cursos organizados por organismos como el Servicio Andaluz de Salud (SAS) se preveían 40 horas de prácticas y al final se exigían a los alumnos 80, lo que les permitía disponer de mano de obra gratis y ocurrió en centros como el hospital Macarena de Sevilla.

La juez ha citado al funcionario para que ratificara su denuncia ante la Guardia Civil que hizo en agosto de 2013, cuando dijo que había «graves irregularidades» en los fondos de formación así como ausencia de inspección y de control económico de las facturas justificativas.

El funcionario, que ganó una sentencia a la Junta por acoso laboral, dijo que las irregularidades se extendía a las fases de adjudicación, gestión, control y justificación de los fondos de formación.