Solo un funcionario para controlar miles de cursos de formación

Al parecer, durante su declaración Montes insistió en la falta de control que había y en el hecho de que «desde arriba» le obstaculizaban su labor de supervisión de los cursos hasta el punto de que le desmantelaron el departamento en abril de 2013. De hecho, según dijo, desde esa fecha hasta el pasado mes de enero, le dejaron solo en ese departamento para controlar miles de cursos. Es más, según reveló, lo dejaron solo sin ordenadores y sin expedientes. Por tanto había una falta de control absoluto sobre los cursos que ahora está investigando la juez Mercedes Alaya.

En sentido, cuando la juez preguntó al testigo por sus superiores, Montes dio los nombres de los dos últimos delegados provinciales de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, (condenado por el Caso Mercasevilla e imputado en los ERE) y la actual delegada Aurora Cosano. Según fuentes judiciales, el testimonio del funcionario fue muy profuso y refuerza las tesis de la acusación. Sin embargo, sólo se quedó en el nivel de los delegados provinciales porque la juez no pudo terminar el interrogatorio y no empezó a preguntarle por la Dirección General de Empleo algo que, con toda probabilidad, hará la próxima semana. Eso significa que todavía queda una gran parte. De hecho, al parecer Montes pidió en varias ocasiones a Alaya «hablar de la Faffe», a lo que la instructora le contestó que ya llegará ese momento.

En cualquier caso, las mismas fuentes judiciales insistieron en que Montes ratificó sus anteriores declaraciones ante la Guardia Civil asegurando que la asignación de las acciones formativas en la Junta de Andalucía se hizo sin que correspondiera con los informes técnicos emitidos por el departamento de gestión de formación. Y que existen entidades a las que se asignan muchos más cursos de los que pueden asumir.