La juez pregunta a Teodoro Montes por los tres delegados de empleo

Montes también ha dicho que «desde arriba» le obstaculizaban su labor hasta el punto de que le desmantelaron el departamento en abril de 2013.

Según fuentes judiciales el funcionario ha protagonizado una declaración profusa que refuerza las tesis de la acusación y solo se ha quedado en el nivel de los delegados provinciales porque la juez no ha terminado aún el interrogatorio y no ha empezado aún a preguntarle por la Dirección General de Empleo.

De hecho en las cinco horas que ha durado el interrogatorio solo ha preguntado la juez que no ha finalizado su cuestionario. El interrogatorio seguirá el martes con el resto de preguntas de la juez, el fiscal anticorrupción y las defensas. Montes ha salido de los juzgados en coche tapándose la cara

Montes aseguró ante la Guardia Civil que la asignación de las acciones formativas en la Junta de Andalucía se hizo sin que correspondiera con los informes técnicos emitidos por el departamento de getión de formación. Y que existen entidades a las que se asignan muchos más cursos de los que pueden asumir.

Según el relato de Montes, se encontraron entidades « que no tienen capacidad para la materialización en las fechas previstas de los cursos que se les asignaron» .  Además, según dijo, el departamento de formación que dirige «se ve desbordado en su labor de control y seguimiento de la ejecución de los cursos, con lo que las irregularidade que se cometen en muchos casos no son detectadas».

Igualmente, el testigo manifestó que «hay una cantidad signficativa de cursos que no se han realizado o que no tienen conocimiento de su realización ». Entre las irregularidades señaladas por Montes ante la Guardia Civil se encuentran la falta de justificación de asistencia a cursos de alumnos que realmente no han asistido al mismo, la no presentación de documentos justificativos del curso ante el órgano gestor encargado del control y el seguimiento y que existen unos 450 cursos divididos en dos partida, 2009 y 2010 ralizados por la Faffe de los que «no se puede certificar su materialización».

Por todo ello Montes presentó denuncia en los juzgados de Sevilla. Además el testigo aseguró que el hecho de que cada acción formativa tenga un techo de presupuestos hace que se sobredimensione el coste de los cursos para llegar a un máximo de gasto sin que en realidad haga falta.