De Llera asegura que no se ha retirado «ningún funcionario» al juzgado de Alaya

De Llera ha querido dejar claro que la Junta siempre ha cumplido con el compromiso de atender las solicitudes de los juzgados y tribunales andaluces en lo relativo a medios humanos y materiales, dentro de las posibilidades que hay. Ha apuntado que se ha atendido especialmente a aquellos órganos que soportan una mayor carga de trabajo y que instruyen las macrocausas, como se hizo con los juzgados de Málaga durante el caso Malaya y se está haciendo con la juez Mercedes Alaya.

Ha indicado que esta señora tiene un juzgado con una plantilla tipo de los juzgados de instrucción de Sevilla, de diez funcionarios, mientras que la Junta ha incorporado tres funcionarios de refuerzo, más uno que se asignó al presidente de la Audiencia provincial y que éste destinó al juzgado de Alaya .

Para Emilio de Llera, esto demuestra el claro esfuerzo de su consejería con ese juzgado, al que se ha dotado, en general, de todos los medios tecnológicos que ha solicitado, llegando a ser el único de instrucción en Sevilla que cuenta con el sistema informático Lexnet.

Durante su intervención, el consejero también ha indicado que a los ciudadanos de la calle lo que les importa es que se resuelvan sus problemas y no que se «mime a determinados jueces estrella».

Por su parte, el diputado del PP-A Juan Ramón Ferreira ha denunciado la «retirada» de funcionarios de refuerzo al citado juzgado y ha expresado que cada vez resulta más evidente el papel que juega el consejero, «servir de escudo, de parapeto y de defensa ante los casos de corrupción». Se ha mostrado convencido de que los andaluces, entre ellos «muchos socialistas decentes», no pueden estar conformes con el comportamiento de la Junta hacia el juzgado de Mercedes Alaya.

Ha señalado que en el Gobierno andaluz «se sientan juntos los investigados y la persona que tiene que dotar de medios para que se investigue, una situación que obliga a ser tremendamente rigurosos y nunca cicateros». Ferreira se ha mostrado convencido de que el Ejecutivo «no hace todo lo que tiene que hacer para que el Juzgado de Alaya funcione adecuadamente», cuando es un «símbolo de la lucha contra la corrupción».