El exconsejero andaluz de Hacienda recurre para que Alaya no investigue su caso

El recurso considera que la inhibición decidida el 23 de septiembre por el juez de Instrucción 2 de Cádiz Miguel Ángel López Marchena en favor de la titular del juzgado de Instrucción 6 de Sevilla es « contrario a derecho y lesivo » para los intereses del exconsejero.

Ojeda argumenta en su recurso que no está claro que Alaya comenzara las investigaciones sobre los cursos antes que el juzgado de Cádiz y que tampoco ha quedado acreditado que ambos juzgados indaguen sobre las mismas subvenciones .

En el recurso se insiste en esta idea «salvo que aceptemos la intolerable premisa de que una persona o un grupo de empresas pueda ser investigada indiscriminada, ampliamente, sine die, de manera prospectiva e indagatoria hasta encontrar pruebas de delito en todas y cada una de las distintas y variadas subvenciones que haya legítimamente recibido (la proscrita inquisitio generalis)».

También subraya el exconsejero en su recurso que el auto de Alaya «se limita» a definir que investiga presuntas irregularidades en subvenciones excepcionales a AEA, Humanitas, Innova, Inteca y Natura desde la perspectiva del órgano que concede la subvención, la Consejería de Empleo.

Sin embargo, en el atestado policial el objeto de la investigación «viene conformado por presuntos delitos cometidos no por el órgano concedente, sino por el beneficiario de determinadas subvenciones en materia de formación», precisa el recurso de reforma de Ojeda.

Además, subraya que en Cádiz se impartieron los cursos , es el territorio de los presuntos delitos investigados y de las presuntas irregularidades, y ha sido la delegación gaditana de Empleo la que ha tramitado y concedido las subvenciones y la que ha controlado, fiscalizado y seguido la gestión de los fondos de formación.

En el recurso se agrega que Alaya no ha acreditado que lo investigado en Cádiz y en Sevilla se trate de delitos conexos , que su investigación sea anterior en el tiempo y que se justifique que los delitos cometidos por la Consejería de Empleo revistan mayor gravedad que los investigados al beneficiario.

Recuerda el recurso que en el auto de incoación de diligencias previas se precisa que se investigan posibles delitos de falsedad documental de Humanitas, falseamiento de partes diarios de asistencia de alumnos y otros hechos irregulares para obtener la subvención.

«Los hechos que podrían ser delictivos se ampliarían a otros como fraude en las subvenciones y apropiación indebida, y estos hechos estarían relacionados con la posible distracción de dinero para fin distinto al previsto inicialmente», señala el recurso de Ojeda.

La Fiscalía de Cádiz pidió la inhibición del caso en favor de Alaya , que diez días antes de que el juez de Cádiz lo decidiera había imputado a Ojeda por prevaricación y malversación continuados .

La juez acusa a Ojeda de recibir, en poco más de año y medio, 33 millones en subvenciones excepcionales a la formación y la contratación a través del grupo Prescal.