La Junta mantendrá las subastas de medicamentos pese a las críticas

Así lo ha anunciado durante el Pleno del Parlamento la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, que ha explicado que esta subasta permitirá un ahorro de 200 millones de euros al año en gasto farmacéutico y además «cumple todo lo que tiene que cumplir en cuanto a efectos terapéuticos».

La Junta mantiene así las polémicas pujas pese a las protestas y críticas que se han producido, debido fundamentalmene a los constantes desabastecimientos y a las dudas sobre la calidad de los laboratorios que fabrican los medicamentos, gran parte de ellos con sede en países de Asia y del Este de Europa.

En respuesta a una pregunta del PP en la sesión de control al Gobierno, Sánchez Rubio ha informado de la resolución judicial y ha argumentado que la Junta «cuenta ya con tres sentencias, del Tribunal Constitucional, la Audiencia de Sevilla y ahora el juzgado número 3 de lo contencioso, que dicen que legalmente se puede seguir adelante» con la subasta.

«Vamos a seguir adelante porque estamos avalados y autorizados para hacerlo, y porque no sólo no perjudica sino que beneficia al sistema porque facilita su sostenibilidad», ha argumentado Sánchez Rubio, que ha mostrado su «sorpresa» ante la insistencia del PP en que esa subasta no se realice.

Según la consejera, el procedimiento de selección de medicamentos permitirá un ahorro «fundamental», especialmente teniendo en cuenta «el recorte sistemático del Gobierno de España en los presupuestos, que afecta directamente al sistema sanitario», pero además «si hay problemas en un suministro la ley permite dispensar otro tipo de medicamento», ha mantenido.

La diputada del PP Ana María Corredera ha acusado a la Junta de seguir «erre que erre» a pesar de los «recursos y protestas» del sector y de negarse a reconocer que es un sistema «discriminatorio» para los enfermos andaluces, que «no tienen acceso a los mismos medicamentos que en otras comunidades».

Ha señalado que se produce una «gran desigualdad» en detrimento de los ciudadanos andaluces y ha argumentado que la competencia la tiene en exclusiva en Gobierno nacional «para garantizar al accesibilidad a los medicamentos como principio de solidaridad en todos los territorios del Estado y mantener un mercado único».

«La subasta no tiene sentido tras los últimos cambios normativos», ha dicho Corredera, para quien la Junta «consciente y deliberadamente se sitúa al margen de la ley», además de «dar pábulo a la creación de monopolios y al desabastecimiento de medicamentos», por lo que ha pedido que se retire la subasta.

«Hay otras formas de ahorrar, no a costa de la salud de los andaluces, porque la salud no tiene precio, aunque ustedes no piensan lo mismo», ha concluido la diputada popular.