El exconsejero Martín Soler dice que no conoció las irregularidades de los ERE

Martín Soler, que se ha acogido a su derecho a no declarar y solo ha permanecido en el despacho de la juez por espacio de cinco minutos, ha presentado un escrito de alegaciones en el que en su descargo alega que «ni el ni ningún consejero de la Junta de Andalucía tiene entre sus funciones y cometidos la lectura y revisión de los informes de naturaleza técnica que emite la Intervención General de la Junta de Andalucía». Y ello porque, según alega, esa es una misión que compete al personal adscrito para ello, habitualmente «funcionarios públicos objetivos e independientes con formación específica y sujetos a deberes propios de su función».

Por ello en su descargo, la defensa de Martín Soler, alega que dar por hecho que el consejero recibiera el citado informe se sitúa más allá de la pura conjetura y s upone desconocer el verdadero funcionamiento y reparto de funciones de dentro de una complejísima maquinaria como es la adminstración de la Junta de Andalucía.

Además el exconsejero de Innovación afirma que tuvo conocimiento del citado informe de la Intervención con motivo de la preparación de su comparecencia ante la comisión parlamentaria de investigación sobre los ERE que se produjo en agosto de 2012. Fue en ese momento cuando, según la defensa, Martín Soler, tuvo una primera lectura de citado informe de cumplimient de IDEA del ejercicio 2008.

Luego la defensa de Martín Soler entra en el contenido del citado informe y alega que el citado escrito solo advertía de que el procedimiento de las transferencias de financiación no era el adecuado pero la Intervención no recomienda ninguna medida respecto al programa 31-L (bautizado por Francisco Javier Guerrero como «fondo de reptiles»). Y por ello insiste en que el funcionario que receptor del informe no tuvo que «informar ni consultar ni someter o elevar al consejero» el escrito.

Por todo ello la defensa del exconsejero de la Junta insiste en pregonar la inocencia de Martín Soler y solicita a la juez que proceda a «la remoción de su imputación» insistiendo en que éste confiaba en la «honestidad, y profesionalidad de todos y cada uno de los servidores públicos de IDEA».