caso ERE
La Audiencia de Sevilla confirma la imputación de Magdalena Álvarez
El tribunal desestima el recurso de la exconsejera y da la razón a Alaya al cuestionar si el método de los ERE se introdujo en su etapa «para propiciar» la presunta malversación millonaria
A. R. VEga
La exministra y exconsejera de Hacienda de la Junta de Andalucía Magdalena Álvarez ha quemado uno de los pocos cartuchos que le quedaban para evitar su implicación en e l caso de los ERE fraudulentos. La Audiencia Provincial de Sevilla ha rechazado el ... recurso de apelación interpuesto por la actual vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI). En un auto conocido hoy, el tribunal confirma la imputación por malversación y prevaricación que decretó la juez instructora del caso, Mercedes Alaya, quien señaló a Álvarez como «una de las promotoras, en connivencia con otros» del procedimiento implantado por la Junta para financiar las ayudas de los ERE, las cuestionadas transferencias de financiación , que la magistrada considera ilegal.
A la segunda fue la vencida. Hay que recordar que la Audiencia tumbó la primera imputación de la exministra de Fomento y exconsejera andaluza de Hacienda, Magdalena Álvarez , al considerar que la acusación de la juez no estaba suficientemente argumentada. Alaya le impuso una fianza de responsabilidad civil de 29,5 millones de euros .
A diferencia de la fallida acusación anterior, la Audiencia estima que la nueva resolución que dictó la instructora el pasado 31 de octubre está fundada y «cumple con creces, sobradamente, la concreción de los hechos que con carácter delictivo […], detecta la Sra. Juez de Instrucción que pueden haber sido cometidos por la Sra. Álvarez».
El tribunal advierte de que la técnica de las transferencias de financiación fue «precisamente instaurada siendo titular de la Consejería de Hacienda la apelante, que lo fue desde el 2 agosto 1994 al 7 febrero de 2004, y que se mantuvo durante unos 10 años» a pesar de las repetidas advertencias del interventor de la Junta. Asimismo, persistió el sistema pese al « incremento continuado del déficit creado en la gestión de las subvenciones del Programa 31L manejado a su arbitrio por la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo», al frente de la cual estaba Francisco Javier Guerrero.
La Audiencia avala las sospechas de Alaya al considerar que «no es no es irracional o arbitraria la hipótesis de entender que la técnica fuera introducida para propiciar lo que finalmente ocurrió ». A este respecto, formula la siguiente pregunta: «¿Cómo entender si no que, pese a las alertas dadas, pudiera prolongarse sin control alguno durante unos diez años un sistema tan peculiar provocador de una presunta malversación millonaria , de unos déficits de financiación de las ayudas del programa 31L que ya en el año 2002 ascendía a 30,27 millones de euros, a 38,22 millones de euros en el año 2003, y en el año 2004 a 93,60 millones de euros ?».
Por último, la Audiencia considera «fundada» la sospecha de la juez sobre la exconsejera y rechaza, por tanto, dejar sin efecto la imputación, como exigía Álvarez. Contra este auto no cabe interponer recurso ordinario alguno.
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