El fiscal cree que el caso de los ERE no fue solo cuestión de intrusos

Y de hecho, según explica en su detallado escrito hecho público en la mañana de este lunes, donde también insta a la juez Mercedes Alaya a elevar al Tribunal Supremo contra los siete aforados a los que ha señalado durante la instrucción, considera que esas actuaciones desembocaron en varios hechos genéricos «de apariencia delictiva» que clasifica en varios epígrafes distintos o varias tramas para justificar su desglose en piezas separadas.

Según Anticorrupción, los intrusos (personas que fueron incluidas en pólizas en empresas donde no habían trabajado) no son una categoría unívoca sino que su inclusión en una póliza puede derivar de su vinculación a algunas de las partes que participa de todo el proceso de gestión de las ayudas sociolaborales (se refiere con ello a los altos cargos). O se hizo para facilitar el pago de otros compromisos asumidos.

El fiscal recuerda que no se sujetó al procedimiento legal y que ello supuso la vulneración de los más elementales principios configuradores de la actividad prestaciones de la Junta de Andalucía. Y recuerda que ello provocó «un importante menoscabo de fondos públicos y daño en la esfera socieconómica» de la gran mayoría de extrabajadores afectados por los ERE ante las expectativas generadas por los agentes que intervinieron en la gestión de esas ayudas.

Según Anticorrupción, estas ayudas a empresas son de difícil reducción a una sola categoría atendiendo a la finalidad, al tipo de beneficio o a la zona geográfica. Pero todas se produjeron « con el más absoluto desconocimiento del procedimiento legalmente establecido» , hubo arbitrariedad en su concesión y pago se permitió, en algunos casos, que los fondos terminasen «a disposicion de los cargos públicos que lo gestionaban o en círculos próximos a los mismos».

El Ministerio Público también recuerda el enriquecimiento presuntamente ilícito de las empresas, despachos, mediadores y agentes que intervinieron en la gestión de ayudas a través de las sobrecomisiones. Y que ello se produjo debido a la falta de control de cuantificación de las primas de las pólizas de rentas y capitlal suscritas y que, sistemáticamente, eran abonadas por la Junta de Andalucía «sin sujección a procedimiento alguno».