La juez de los ERE impone una fianza civil de casi 30 millones a Magdalena Álvarez

De este modo, la exconsejera de Economía y Hacienda de la Junta y actual vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, Magdalena Álvarez, tendrá que pagar una fianza civil de 29.568.129 euros por su imputación en el caso de los ERE fraudulentos. La juez Mercedes Alaya ha decidido imponerle esa fianza cinco meses después de que la exconsejera compareciera en el juzgado como imputada.

En un auto firmado este mismo miércoles, la instructora impone también medidas de responsabilidad civil al que fuera viceconsejero José Salgueiro , de 22.166.096 euros y al secretario general técnico de la consejería, Antonio Estepa otra fianza de 8.870.438 euros.

Según el contundente auto, en el que se explica con todo detalles las imputaciones, la juez toma en consideración las ayudas abonadas hasta el 31 de diciembre de 2003 que cuantifica en más de 177 millones de euros . Por ello impone esta fianza por razón de sus competencias y responsabilidad en los hechos que están siendo investigados que le valieron a la exconsejera de Economia las imputaciones de dos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. La juez asegura que resulta evidente que las medidas cautelares impuestas tienen la finalidad de «la devolución en la medida de lo posible del dinero que de manera indiciariamente ilícita ha salido del erario de la Junta de Andalucía».

Alaya asegura que los inculpados, en virtud de sus cargos durante el tiempo que prestaron servicios en la Consejería de Economía y Hacienda serían promotores, en connivencia con otros, del procedimientoi legal de concesión de subvenciones sociolaborales que se instaurarían en la administración autonómica desde el año 2000 y que perduraría hasta el 2011. Dicho procedimento consistiría en dotar a la consejería de Empleo de un crédito presupuestario, las denominadas transferencias de financiación legalmente inadecuado para el otorgamiento de tales subvenciones ya que su finalidad era «financiar operaciones genéricas de lso entes o empresas públicas».  Y para ello con la necesaria habilitación presupuestaria la Consejería de Empleo transfería al IFA los referidos fondos para realizar los pagos a terceros ordenados por la cita consejería.

La consecuencia era obvia, « no se tramitaban por esta expedientes de subvenciones sino expedientes de transferencias de financiación al IFA con vulneración flagrante del procedimiento legalmente establecido, eludiendo los férreos requisitos legales de tramitacióny fiscalización propios de las subvenciones públicas, mientras que para la tramitación del expediente de transferencia de financiación solo era necesario comprobar la existencia de crédito suficiente  y adecuado y emiir la orden de traspaso de pagos al IFA en virtud de un calendario de pagos autorizado por la Dirección General de la Tesorería, basándose en estos solos extremos la fiscalización del expediente».

La juez de los ERE considera que este procedimiento se adoptó con la autorización de los inculpados encargados de la elaboración del presupuesto anual en virtud del interés de la Junta de Andalucía de dar mayor agilidad a los procesos de ayudas sociolaborales pretendiéndose como finalidad «eludir el control de la legalidad». Ademas Alaya insiste en que tanto Magdalena Alvarez como Salgueiro y Estepa participaron en ese uso ilegal de fondos púbicos «a sabiendas de que la concesión de subvenciones se concedería con absoluta discreconalidad y de forma totalmente opaca». Y tambien incumpliendo los mas elementales principios de actuacion de la adminstración consagrados en el Estatuto de Autonomía.

Además según la juez Mercedes Alaya, el resultado fueron unas leyes de presupuesto «frontalmente contrarias a gran parte del ordenamiento jurídico a la Constitucion española y al Estatuto de autonomìa , además de a varias leyes autonómicas».