Alaya impone fianzas por los intrusos y contratos falsos de Fuente Obejuna

La juez Alaya, en un auto al que ha tenido acceso Efe, relata que los cien trabajadores del matadero, que estaba en suspensión de pagos, habían agotado las prestaciones por desempleo tras su ERE de 1998.

Por mediación del "conseguidor" Juan Lanzas , un colectivo de trabajadores que no habían conseguido recolocarse fueron "subidos a un autobús" y trasladados a la localidad de Bélmez (Córdoba), donde la empresa Técnicas Agrícolas Ecológicas, propiedad de un amigo suyo, les hizo 18 "contratos de trabajo a todas luces falsos".

Dicha empresa era propiedad del imputado Juan José Viedma, que invitaba a Lanzas a cazar en su coto, y como recompensa, la hija del dueño, Juana Pilar Viedma, y su compañera sentimental, Adoración Navarro, fueron incluidas como "intrusas" en la póliza firmada para los trabajadores del matadero.

Otra irregularidad fue la de Florencia Romero, esposa de Manuel Granado, presidente de la asociación creada por los trabajadores del matadero, quien ya se había beneficiado de dos pólizas anteriores que le garantizaban 113.306 euros.

El 1 de abril de 2007 suscribió una nueva póliza por la que se garantizaba 102.071 euros "procedentes de los fondos públicos sin tener derecho a ello y sin que la inculpada hubiese hecho solicitud alguna para obtener esta prebenda", según el auto.

Alaya enumera ora serie de trabajadores incluidos en las ayudas, como un trabajador que contaba solo 41 años cuando extinguió su relación laboral con el matadero y tenía reconocida una incapacidad permanente absoluta desde el año 2003.

El tercer "intruso" en esta póliza fue Mariano Martínez Fernández, paisano de Lanzas y "persona de su entorno" a quien conocía de las negociaciones de Cárnicas Molina, donde había trabajado.

En su parte dispositiva, el auto fija en 148.912 euros la fianza de responsabilidad civil para Juana Pilar Viedma, en 156.752 euros la de Adoración Navarro, y en 847.501 euros, de manera solidaria, para Manuel Granado y Domingo Valle, presidente y tesorero de la asociación de trabajadores del matadero.

Respecto a los demás imputados, la juez solicita información sobre las cantidades efectivamente percibidas antes de fijar sus respectivas fianzas.