La juez Alaya imputa malversación y prevaricación al exinterventor de Empleo

Durante su declaración de Luque, que se ha prolongado durante más de tres horas a las que ha sucedido la comparecencia de medidas cautelares, ha contestado a las preguntas de la juez Mercedes Alaya y del fiscal anticorrupción y, según fuentes judiciales, ha ratificado su anterior testimonio ante la Guardia Civil.

Luque declaró ante la Guardia Civil que ya en el año 2003 detectó menoscabo de fondos públicos y que por este motivo «se debió hacer algo al respecto» . Además Luque detectó un déficit de 38 millones de euros en el IFA.

Además el imputado aseguró ante la Guardia Civil que durante 2010, 2011 y 2012 fiscalizó expedientes de ayudas sociolaborales y que pusieron reparos a algunos de los mismos. Pero que durante la realización de esa labor de fiscalización de las ayudas fue «urgido» para no poner reparos a determinados expedientes .

El exalto cargo de la Junta ha asegurado a Alaya que nadie le informó sobre las advertencias de la Intervención General en relación al uso inadecuado de las transferencias de financiación que dieron lugar a las ayudas investigadas. Luque, que fue imputado el pasado mes de junio junto a otros 19 cargos o exaltos cargos de la Junta , entre ellos la exconsejera de Economía y Hacienda y exministra de Fomento Magdalena Álvarez , únicamente ha respondido a las preguntas de la propia juez, la Fiscalía Anticorrupción y su defensa.

Así, el imputado ha precisado que las advertencias realizadas por la Intervención General «no llegaron» a la Intervención Delegada durante el tiempo en el que estuvo en Empleo «ni durante los previos, según han declarado los cuatro interventores» que le precedieron durante esa década, según el acta de su declaración, a la que ha tenido acceso Europa Press.

La juez ha cuestionado al imputado sobre si habló «con alguien de la Consejería de Empleo , con el director general, el consejero o el viceconsejero» para exponerles «la situación de ilegalidad que se estaba produciendo» a través del uso indebido de estas transferencias, o si tuvo alguna reunión con el interventor general sobre este asunto, a lo que el imputado ha respondido que «no, en absoluto». Juan Luque, que ha cifrado en 63 millones el importe de los expedientes con reparos o rechazados por la Intervención Delegada, ha señalado que el interventor general no debió poner en su conocimiento los informes que alertaban de las «graves» irregularidades mencionadas, aunque de haber conocido dichos informes a través de la Intervención General «sí hubiese opuesto reparos suspensivos a las transferencias a IDEA con devolución del mismo al órgano gestor». «No hay ninguna norma que obligue al interventor general a comunicar los informes de control financiero y desde esa perspectiva la decisión de comunicarlo o no es de la responsabilidad del interventor general», ha dicho Juan Luque, que actualmente es interventor delegado de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.

Luque ha explicado que «no opuso reparo alguno porque el expediente de gasto que era objeto de fiscalización contenía una transferencia de financiación y no un gasto de ayuda o expediente de subvención , y la finalidad de esa consignación presupuestaria se expresaba a través de una transferencia de financiación». Al término de su declaración, se ha celebrado una comparecencia en la que la Fiscalía Anticorrupción no ha solicitado medida cautelar alguna para el encausado, ni de naturaleza personal ni real, mientras que las acusaciones ejercidas por PP-A y Manos Limpias se han adherido a lo que pueda decidir la magistrada.