Alaya asegura que varios «instrusos» de Lanzas eran cercanos a un amigo de caza

Así lo asegura la juez Mercedes Alaya en la imputación realizada a Juan José Viedma Gallardo, que ha comparecido este viernes ante la magistrada y se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar, al igual que han hecho otras dos imputadas, en concreto la hija de Juan José Viedma, Juana Pilar Viedma Ocaña, y su pareja, Adoración Navarro. La instructora imputa a los tres presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

Según el escrito, consultado por Europa Press, la magistrada considera que Juan José Viedma, a través de su amistad con Lanzas, «conocería la influencia» que éste tenía en la Consejería de Empleo «hasta el punto que a través de él se podían obtener ayudas procedentes de los fondos públicos andaluces».

De esta forma, y «ante la mera solicitud verbal» del imputado, Lanzas «se comprometería a realizar las gestiones oportunas para que la misma fuera concedida», sostiene la juez, que añade que, «aprovechando que en ese momento» el «conseguidor» de los ERE «estaba mediando en el expediente relativo» a la asociación de trabajadores de Matadero de Fuente Obejuna (Córdoba), éste «utilizaría dicho expediente para atender la petición de su amigo» mediante la introducción en una póliza de rentas.

«Queda claro que el inculpado conocería la ilegalidad de tal actuación, pues para que no apareciera su nombre, las pólizas se suscribirían con dos personas de su entorno: su hija y su compañera sentimental», la primera de las cuales habría percibido 111.684,51 euros, cantidad que en el caso de su pareja asciende a 117.564,36 euros. La juez considera que, «a cambio de la concesión de estos 229.248,87 euros, Lanzas le pediría un favor al inculpado a través de su hija», como era firmar contratos laborales a aquellos trabajadores de Matadero de Fuente Obejuna que no podían solicitar el convenio especial con la Seguridad Social al haber agotado el desempleo.

«Para salvar este escollo», 18 trabajadores del Matadero fueron trasladados en un autobús hasta el domicilio social de la Sociedad Técnicas Agrícolas Ecológicas Integradas a fin de «firmar contratos a todas luces falsos, pues estos trabajadores no llegaron a prestar servicios laborales en dicha empresa, permaneciendo dados de alta de 16 a 21 días» con «el solo fin expuesto de solicitar el convenio especial con la Seguridad Social» y poder ser incluidos en el ERE.

Juan José Viedma se ha negado a declarar, pues «recibió la citación el martes y necesita más tiempo para preparar su declaración», aunque sí ha asegurado que los hechos que se le imputan «no son ciertos», además de señalar que «no ha sido amigo de Juan Lanzas ni lo es».

Tras ello se ha celebrado una comparecencia de medidas cautelares en la que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido para él una fianza de responsabilidad civil de 229.248,87 euros más el tercio legal correspondiente, mientras que la acusación que ejerce la Junta ha solicitado una fianza civil de 512.863,65 euros.

En el caso de su hija, Juana Pilar Viedma, el Ministerio Público ha interesado una fianza civil de 111.684,51 euros -cantidad de la póliza suscrita-, cantidad que la Junta ha elevado a 352.593,76 euros. Respecto a Adoración Navarro Fernández, pareja sentimental de Juan José Viedma, Anticorrupción ha pedido una fianza civil de 117.564,36 euros y la Junta 160.269,89 euros.