El interventor pidió que no se aplicase el modelo de los ERE en empresas públicas

Al parecer esos informes, en los que el interventor dejaba claro que se estaba produciendo ese «uso inadecuado» y que podía estar escapando al control previo, fueron enviados por la Intervención General de la Junta de Andalucía al consejero de Hacienda y éste los presentaba en el Consejo de Gobierno. De esta manera, cuando se producía una reunión del citado órgano había un ejemplar de esa memoria con las objeciones de la Intervención por cada consejero. Eso significa que todos ellos estaban enterados de ese «uso inadecuado» de las transferencia de financiación que usaban otras consejerías de la Junta de Andalucía. Y que estuvieron varios años conociéndolo tal y como se desprende del hecho de que la Fiscalía Anticorrupción haya pedido los datos de esas transferencias desde el año 2003 hasta el actual. Es decir, de toda una década.

Y también que, una vez más el Ejecutivo no hizo caso de las advertencias de la Intervención. Exactamente lo mismo que ocurrió cuando ésta alertó de lo que estaba ocurriendo en la Consejería de Empleo con las irregularidades que dieron lugar al caso de los ERE fraudulentos. Pero ¿por qué usaba la Junta esta fórmula?. Según fuentes consultadas por ABC, porque se trataba de un mecanismo «más ágil»para poder investir el dinero ya que el control previo no existía sino que se hacía a posteriori por parte de la Intervención.

De hecho, ya en su declaración ante la juez Mercedes Alaya, el interventor Manuel Gómez (también imputado en el caso) advirtió de que el 47 por ciento de las transferencias de financiación que se usaban en la Junta de Andalucía en el año 2009 eran «inadecuadas». Sin embargo y pese a esas constantes advertencias el Ejecutivo andaluz siguio utlizando esa fórmula. Algo que le ha salido caro si se tienen en cuenta las nuevas investigaciones abiertas por el juez Juan Gutiérrez Casilla.